Expertos de la Generalitat plantean la controvertida “acreditación de inmunidad”

La “acreditación de inmunidad” respecto al coronavirus que ha puesto sobre la mesa el grupo de trabajo que lidera el epidemiólogo Oriol Mitjà en el documento que ha entregado al gobierno catalán para el desconfinamiento está resultando controvertida por cuanto podría vulnerar las normas europeas de utilización de datos personales, entre otras.

Quizás por ello el Govern ha querido dejar claro hoy que no ha validado aún esta “acreditación de inmunidad” respecto a la COVID-19, que ha equiparado al actual carné de vacunación y que se plasmaría en un papel o través de una aplicación.

El Consell Executiu ha examinado este martes el documento “Herramientas y estrategias para el desconfinamiento durante el brote del coronavirus en Cataluña”, un trabajo de los expertos reclutados por la Generalitat y liderados por Mitjà.

El documento, de 46 páginas y al que ha tenido acceso Efe, contiene una serie de medidas que Budó, en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Govern, ha dejado claro que son solo propuestas de cara a un plan de desconfinamiento “definitivo” que prevén aprobar en un Consell Executiu extraordinario esta misma semana.

En el texto, los expertos proponen una “acreditación de inmunidad”, que dicen que sería “equivalente al actual carné de vacunación” y que tiene el propósito de “acelerar la vuelta al trabajo, escuelas y a la vida social de forma segura”.

Los expertos señalan que esta acreditación combinaría diferentes test para conocer el estado inmunitario y la capacidad de infección de cada individuo, combinado datos serológicos y de contactos.

“Los resultados de los tests se incluirían en un sistema de certificado digital o acreditación de inmunidad, en papel o vía app, con un algoritmo simple de colores”, de manera que este “pasaporte serológico” permitiría el acceso a “espacios con alto riesgo de transmisiones”, indica el documento.

El grupo de trabajo cita entre estos espacios los hospitales, las empresa, los edificios públicos y los aviones, a los que las personas podrían acceder si tienen luz verde “de forma anónima” una vez validado a través de un lector QR, detalla el documento.

Ante el revuelo que suscita la posible existencia de un certificado de inmunidad, Budó ha dejado claro que, por parte del Govern, “no hay ninguna decisión tomada” al respecto.

En todo caso, ha asegurado que todo lo que se pueda aplicar en este ámbito por parte de la Generalitat será “teniendo en cuenta los códigos éticos y deontológicos”.

El mismo documento del doctor Mitjà considera también que esta acreditación, de aplicarse, debería ser una medida “de emergencia y extraordinaria”, con una duración “temporal determinada” para desaparecer cuando sea posible.

Consideran igualmente que se deberían tener en cuenta criterios de bioética, equidad, privacidad y universalidad, garantizando el cumplimiento de las normas europeas en el uso de datos personales.

En función de los resultados de las pruebas, se acreditaría su estado en base a tres colores: el rojo sería para las personas con un PCR positivo o en contacto directo con un positivo; el naranja, para aquellas personas con PCR y test serológico negativo, es decir, sanos pero que no han generado anticuerpos, y el verde para las personas que ya han pasado la infección y que “posiblemente” estarían inmunizadas.

Los rojos estarán un mínimo de 14 días en aislamiento o hasta que el PCR dé negativo; los naranjas podrán mantener interacción social y trabajar con precauciones y los verdes podrán hacerlo con normalidad.

El documento prevé hacer los test en hospitales, centros de atención primaria, farmacias, desde el vehículo en puntos habilitados y en mutuas o privados.

El grupo de expertos reconoce que habría que establecer mecanismos de rendimiento de cuentas como una manera para evitar “de manera contundente mercados de datos personales y el control de los datos por parte de las grandes tecnológicas y del Estado”.

La puesta en marcha del certificado se llevaría a cabo una vez se conozca la prevalencia de la seropositividad de la población y aunaría los resultados de los test agudos (PCR), que se realizarían mensualmente, y serológicos, cada cuatro meses.

Las personas con síntomas, los contactos de infectados, los sanitarios, los internos en residencias y los trabajadores cara al público tendrían prioridad en la realización de los test PCR, mientras que al resto de trabajadores y a la población general de más de 16 años se les harían solo test serológicos.