Extremadura pedirá a Báñez que se reforme el Sistema de Garantía Juvenil

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, pedirá hoy en Madrid, en la LXIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que se reforme el Sistema de Garantía Juvenil (SGJ) para que éste sea más eficiente y pueda beneficiar a más personas.

Extremadura solicitará que sea el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) el que gestione las altas de las personas que se inscriben en el Sistema de Garantía Juvenil y no el ministerio, como hasta ahora.

Además, Esther Gutiérrez pedirá que se eliminen los requisitos para que los jóvenes, de entre 16 y 30 años, puedan ser beneficiarios de las ventajas que otorga estar inscrito en este sistema, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En la actualidad, el SEXPE tiene contabilizados cerca de 30.000 jóvenes en situación de desempleo entre 16 y 30 años, aunque sólo unos 14.000 de ellos forman parte del Sistema de Garantía Juvenil y, de estos últimos, poco más de 7.500 cumplen actualmente los requisitos para ser beneficiarios de las ventajas del sistema.

Con la eliminación de los requisitos y la gestión directa del fichero por parte del SEXPE, el número de beneficiarios del SGJ crecerá notablemente porque el servicio de empleo autonómico convertirá automáticamente a esos casi 30.000 jóvenes desempleados en beneficiarios del sistema.

Además, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales la consejera extremeña reclamará al ministerio que recupere los niveles de inversión en Políticas Activas de Empleo.

En 2011, Extremadura recibió para este fin 108 millones mientras que, este año, el Estado destinará 71,6 millones de euros, unos fondos que aún no han sido ingresados en las arcas autonómicas.

Por ello, Extremadura, junto a la mayoría de comunidades autónomas, pedirá que se agilice la transferencia de estos fondos que, hasta el pasado 2 de diciembre, no fueron ratificados en Consejo de Ministros, lo que obliga a las CCAA a adelantar ese dinero.

Además de estas reivindicaciones, también se pedirá, de nuevo, que las administraciones regionales dispongan de mayor autonomía a la hora de diseñar y ejecutar las políticas activas de empleo.