La Fundación Mujeres pide que se retire la patria potestad a los maltratadores

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, reclamó hoy “que la violencia de género en una pareja inhabilite para el ejercicio de la patria potestad” de los hijos, por parte del agresor.

“Pedimos que la existencia de violencia de género sea evaluada siempre como un riesgo para los menores y que dejemos de tener la duda de si va a ser peor o mejor. Ante la duda, vamos a protegerles, que por lo menos no les maten”, declaró la directora de la Fundación Mujeres en una entrevista con EFE.

Soleto hizo esas declaraciones tras intervenir en una ponencia en la comisión del Parlamento Europeo sobre Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, donde pidió que la Unión Europea (UE) ratifique el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres.

España, al igual que Dinamarca, Francia o Eslovenia, ratificó en 2014 esa normativa del Consejo de Europa que, entre otras cuestiones, reconoce a los niños como víctimas directas del maltrato a sus madres.

Pero todavía no ha sido ratificado por la UE en su conjunto porque hay Estados miembros que aún no lo han hecho: Bulgaria, República Checa, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Eslovaquia y el Reino Unido.

“¿Por qué no se aplica? Es una cuestión ideológica. Hay quienes defienden que hay que defender más fuertemente los lazos familiares incluso en este tipo situaciones. La violencia de género es un elemento ideológico en toda Europa”, resumió la directora de la Fundación Mujeres.

El comportamiento de la Justicia, agregó Soleto, es como el de “una especie de péndulo” entre la protección de los menores ante las agresiones y “el derecho que tienen los niños y las niñas a mantener la relación con sus padres, y que universalmente entendemos como un factor de protección”.

“Pero cuando hay violencia de género, esa relación deja de ser un factor de protección y se convierte en un factor de riesgo”, advirtió la especialista en igualdad, que acudió a la Eurocámara acompañada por un grupo de familiares de víctimas de violencia de género y vinculados con el proyecto del Fondo Soledad Cazorla.

Las suyas son historias concretas de familiares a quienes se obliga, por ejemplo, a llevar a los hijos a ver a su padre a la cárcel donde cumple condena por el asesinato de la madre.

“Un maltratador no es un buen padre y, por tanto, no se deben de procurar los contactos porque los niños habitualmente son utilizados por los maltratadores para complicarle la vida a sus madres o incluso para ponerles en riesgo”, agregó Soleto.

Se refirió, en concreto, al presunto asesinato el pasado septiembre en Castellón de dos niñas a manos de su padre, quien después se quitó la vida lanzándose al vacío desde un sexto piso. La madre había solicitado sin éxito protección al sentirse amenazada.

“Muchas veces, los tribunales no son capaces de aplicar esa perspectiva de género”, señaló Soleto.

En España se empezaron a contabilizar oficialmente los casos de violencia de género desde 2003 y desde entonces “casi 1.000 mujeres han sido asesinadas”. La producción de datos sobre menores se remonta solo a 2015, año desde el que se cuentan 27 niños y niñas asesinados, a los que se suman otros 200 huérfanos.

En 2014 se aprobó en España la Ley Integral contra la Violencia, ahora denominada de Género. Sin embargo, aquella normativa incurrió en un “gran olvido” que consistió en “no incluir como víctimas del maltrato de su madre a los niños y niñas”.

“Muchos recordarán esas palizas el resto de sus vidas”, señaló por su parte la profesora del departamento de Estudios de Familia de la Universidad de Malta, Clarissa Sammut Scerri, quien añadió que esos traumas les harán más proclives a sufrir depresión y ansiedad o a tener dificultad para gestionar sus emociones.

Por su parte, la experta de UNICEF Sandie Blanchet avisó de que la violencia contra las mujeres y los niños “es un fenómeno global que no entiende de religiones o colores” y “no es un problema de la familia sino social”.

Estuvieron presentes en la ponencia las eurodiputadas españolas Teresa Jiménez-Becerril (PP), Ángela Vallina (IU), Inés Ayala (PSOE) e Iratxe García (PSOE), quien recordó que el Congreso de los Diputados español aprobó la semana pasada que se garantice una pensión de orfandad a hijos de víctimas de violencia de género.