El Gobierno 'vende' en Bruselas nuevos copagos sanitarios como garantía de lucha contra el déficit
El Gobierno sigue apretando las tuercas para –en sus palabras– “corregir el déficit excesivo”. En el informe presupuestario recién remitido a la Comisión Europea para cumplir con “el seguimiento y la evaluación” por parte de Bruselas, se asegura a Europa que “la racionalización del gasto sanitario cobra una importancia destacada”. ¿Se puede meter más la tijera? El Ejecutivo trabaja en documentos que desembocarán en más copagos ya amagados y pendientes de concreción: los suplementos para enfermos celiacos o diabéticos, las prótesis y el transporte no urgente. Todos estos servicios componen la Cartera Básica Suplementaria sobre la que el Ministerio de Sanidad ha redactado borradores con la idea de “regularla”. Es decir, poner en marcha copagos.
Las órdenes ministeriales preparadas explican el “ahorro” que se calcula obtener al evaluar el impacto de las medidas. Sobre el transporte sanitario no urgente: 70 millones de euros. 45 millones de eliminación de gastos, más otros 25 millones de euros que llegarán de los bolsillos de los pacientes. Para los complementos alimentarios de enfermos dietéticos, Sanidad prevé que la aportación de usuarios ingrese 15.444.863 euros.
El transporte sanitario de pacientes no urgente fue uno de los puntos más destacados de los nuevos copagos ideados por Ana Mato. Su aplicación se ha dilatado. De hecho, el ministerio reconoce que su implantación exige crear un nuevo sistema administrativo en las comunidades autónomas para el cobro de cantidades. Con todo, el objetivo es “delimitar la utilización a una prescripción facultativa por razones exclusivamente clínicas”, escribe el Ministerio. Según justifica, de un total de 15 millones de trayectos, “entre el 10 y el 30% son inadecuados”.
Cinco euros por trayecto
Cinco euros por trayectoLas cuentas oficiales establecerán el abono de cinco euros por trayecto (ida y vuelta se consideran dos traslados) para el transporte no urgente. Los afectados con renta superior a 100.000 euros anuales –el 1% de los pacientes– tienen un tope de 60 euros mensuales. Los de rentas entre 18.000 y 100.000 pagarán 20 euros como máximo –el 25%–. Pero el 75% de los traslados son de ciudadanos con renta menor a 18.000 euros. Estos también tendrán que pagar, hasta un máximo de 10 euros. El Ministerio de Sanidad delega en los médicos la decisión de si el paciente puede ir acompañado. Esta medida todavía está pendiente del pertinente informe del Consejo de Estado.
Los complementos dietéticos son ingeridos por personas con problemas alérgicos a la lactosa, por los celiacos o por los diabéticos. La orden preparada por Sanidad divide de manera similar al transporte los segmentos de población. Los afectados con rentas mayores abonarán un 60% de la facturación del producto; los intermedios, un 50%; y los de ingresos bajos, un 40%. La norma no es del todo clara, ya que incluye anexos según productos con la siguiente estructura: “fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas, sin lactosa, aportación máxima de un euro por cada 10 gramos de proteína”.
Con las prestaciones de prótesis, el Ministerio anda más retrasado. Aún elabora un registro para que las empresas traten de incorporar sus productos al listado, que contará con parte de financiación pública. Cuando cuente con esa base de datos podrá, explica el Gobierno, pasar a la fase de repartir el peso del pago entre la cartera común y el usuario. El Ejecutivo de Mariano Rajoy informa a Bruselas de que espera tener el informe del Consejo de Estado necesario antes de lanzar la orden en diciembre. Los datos oficiales sitúan el gasto en este ámbito en 150 millones de euros entre prótesis externas, sillas de ruedas u ortesis.
El gran gasto ortopédico en España de 1.200 millones anuales está centrado en los implantes quirúrgicos que pertenecen a la Cartera Básica –las medidas anteriores pertenecen a la Cartera Suplementaria–. En el informe enviado a Bruselas se incluye específicamente: “Se elaborará un nuevo catálogo de implantes quirúrgicos”.
