El Gobierno apunta a los trasvases para solucionar los déficit de agua

El Gobierno ha apuntado a los trasvases de agua entre cuencas como solución a los déficit hídricos de algunas de ellas, aunque ha incidido en la importancia de un consenso suficiente para dar respuesta a largo plazo y de garantizar siempre la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso.

Así se pone de relieve en un documento, cuyo contenido ha sido adelantado hoy por la Cadena Ser, que el Gobierno ha compartido con el PSOE para avanzar en las negociaciones de un Pacto Nacional del Agua, en el que se propone estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica de las transferencias de agua entre cuencas.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, asevera que los nuevos trasvases contarían con una regulación tanto técnica como jurídica y económica, e insiste en la necesidad de ejecutar en cada una de las demarcaciones hidrográficas aquellas infraestructuras “convencionales y no convencionales” que aumenten las garantías para satisfacer las demandas de agua en un escenario de cambio climático.

Entre las medidas que plantea el documento que el Ejecutivo ha enviado al PSOE figuran la de poner en marcha un programa de mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas ya existentes o promover el uso eficiente del agua y el ahorro en todos los sectores y en el uso doméstico.

Señala en este sentido la importancia de poner en marcha esas medidas de ahorro y eficiencia en la agricultura como principal consumidor de agua, “adaptando la agricultura de regadío a los nuevos desafíos del cambio climático para garantizar la sostenibilidad del sector”.

El documento, que el Gobierno ha enviado como “borrador”, apuesta por impulsar los trasvases para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca, con el objetivo de disponer de una red de infraestructuras interconectadas para poder suministrar más eficientemente desde cualquier punto.

Respecto a los trasvases que ya están en funcionamiento en España, el documento plantea avanzar en la creación de la comisión de gestión para cada una de las transferencias, para disponer de un órgano que dé mayor transparencia a su gestión.

En la actualidad existen varias transferencias “que es preciso ordenar”, como el Bitrasvase del Ebro o la transferencia del Guadiana a las cuencas internas del Tinto-Odiel-Piedras, de la que parte el trasvase de esa cuenca interna a la del Guadalquivir.

Asevera el documento que, el ámbito de los recursos hídricos, los efectos del cambio climático son “más severos y evidentes” y que la reducción de los recursos será más grave a medida que avance el siglo, y que el periodo 2070-2100 las reducciones de escorrentías podrían ser de hasta el 24 por ciento.

Tras analizar los avances que se han producido durante los últimos años en materia de gestión del agua, el Gobierno considera que éste “es quizá el momento más adecuado para impulsar un gran acuerdo político por el futuro del agua”.

Considera que ese Plan debería definir una política de Estado “integradora, consensuada y solidaria, con vocación de continuidad a largo plazo” y que asegure el equilibrio, la protección ambiental del medio hídrico “y la atención a las demandas en todo el territorio nacional”.

Desde que en marzo de 2017 -recuerda el documento- se presentara en el Consejo Nacional del Agua la “hoja de ruta” para avanzar en ese objetivo, representantes del Gobierno han celebrado más de 120 reuniones con todos los implicados en la gestión del agua.

El documento incide en los aspectos medioambientales y en la necesidad de identificar los espacios emblemáticos para garantizar una protección a largo plazo de determinadas masas de agua asociadas a los mismos, como Doñana, el Delta del Ebro, el Mar Menor, las Tablas de Daimiel la Albufera de Valencia o la reserva de Urdaibai en el País Vasco.

Señala también la transcendencia de avanzar en la mejora de los caudales ecológicos para la preservación de los ecosistemas y mejorar la salud de los ríos y, en la puesta en marcha “efectiva” de las medidas de los planes de gestión de riesgos ante inundaciones.