El Gobierno propone a autonomías mantener tutela de jóvenes que cumplan 18 años

El Gobierno ha emitido un documento de recomendaciones a las comunidades autónomas para reforzar la atención social de los menores bajo su tutela ante la crisis del coronavirus, en el que propone garantizar durante el estado de alarma la continuidad de la protección a todos los jóvenes que cumplan la mayoría de edad y que les correspondería ser extutelados.

“Es necesario que el sistema continúe con su función de prevención, detección y reparación de cualquier contingencia que pueda perjudicar el correcto y pleno desarrollo de las personas menores de edad”, sostiene la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en el documento remitido a las comunidades -que tienen la competencia de menores- y a entes locales, desde el sistema público de protección a la infancia y la adolescencia ante la crisis de la enfermedad COVID-19.

El Ejecutivo reclama garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acogimiento residencial para los niños en situación de tutela, a las familias acogedoras la continuidad en el apoyo de crianza y el acceso al sistema público de protección a la infancia a los menores que lo requieran y que eventualmente se pudieran encontrar en situación de calle.

Este mismo objetivo pide que se tenga en cuenta en el caso de los jóvenes extranjeros cuyas pruebas de determinación de la edad hayan constatado la mayoría de edad.

Ante el cierre de los Puntos de Encuentro Familiar, cuando haya un régimen de visitas para cuya entrega y recogida se haya designado ese punto, sugiere promover alguna alternativa para que esas entregas se hagan de forma segura y para garantizar que los menores están en un lugar seguro.

También, acordar salidas para los menores con necesidades especiales, como trastornos de conducta y autismo, de acuerdo con la instrucción de Sanidad, y acordar guardas voluntarias de los menores cuyos progenitores estén contagiados por el virus y no puedan atenderlos, entre otras recomendaciones.

Respecto al acogimiento familiar, propone revisar los casos para verificar que están correctamente atendidos en sus domicilios y comprobar si precisan algún tipo de apoyo externo y poner en funcionamiento, con carácter de urgencia, nuevos servicios de seguimiento a distancia para las familias acogedoras.

“Las medidas adoptadas ante la situación de emergencia por la enfermedad COVID-19 no deben interrumpir en ningún caso la prestación del acogimiento residencial, garantizando la cobertura de necesidades básicas, así como a las necesidades emocionales derivadas de los efectos del confinamiento”, indica la Secretaria de Derechos Sociales, que recomienda tener prevista la posible ampliación de plazas y la contratación urgente de más personal para atender las necesidades nuevas.

En España, con los datos proporcionados por las comunidades autónomas y a 31 de diciembre de 2018, el sistema público de protección a la infancia y a la adolescencia atendió a 49.985 personas menores de edad, de los cuales 21.283 se encontraban en dispositivos de acogimiento residencial gestionados por las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Así mismo, durante el año 2018 se ejecutaron un total de 33.323 medidas impuestas a menores infractores, de las que 5.291 eran de internamiento (cerrado, semicerrado, abierto y terapéutico), recoge el documento.