El Estado y Baleares se disputan la gestión de las aguas del nuevo Parque Nacional de Cabrera
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Govern balear se disputan la gestión del Parque Nacional de Cabrera tras la aprobación, el pasado mes de febrero, de una importante ampliación del espacio, que pasó de 10.021 hectáreas a 90.800. La protección de 80.779 hectáreas nuevas fue acogida con entusiasmo por el Govern, pero el decreto aprobado por el Consejo de Ministros escondía una “letra pequeña”, según el Ejecutivo autonómico: el Estado se quedaría con la gestión de la zona ampliada, ocho veces más grande que la que dirige actualmente el Govern, que gestiona desde 2009 el parque más grande del Mediterráneo Occidental.
El Ejecutivo estatal y el autonómico discrepan en que exista continuidad ecológica entre el ecosistema marino y el espacio natural terrestre, es decir, que exista un enlace entre los distintos ecosistemas y los elementos que conforman todo el paisaje. Las 80.779 hectáreas nuevas que tiene Cabrera están fuera del territorio de Baleares, por lo que administrativamente pertenecen al Estado. Sin embargo, si se demuestra que existe continuidad ecológica entre la antigua y la nueva Cabrera, el Govern podría gestionar la totalidad del parque, incluidas las aguas estatales, como indica la ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La Conselleria de Medi Ambient, dirigida por Vicenç Vidal Matas, ha interpuesto un requerimiento al Ministerio para la Transición Ecológica para que cambie su criterio. Este jueves tiene que conocerse la decisión gubernamental. Fuentes de la Conselleria aseguran que optaron por esta vía por “una cuestión de plazos”. En el requerimiento, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Govern defiende que lo que debería demostrarse, en todo caso, es la “no continuidad”, es decir, que dan por supuesto que el espacio protegido es todo uno a menos que Transición Ecológica pruebe que no es así. En caso de negativa, Baleares puede presentar todavía un recurso judicial.
Cambio de última hora
La polémica surgió tras la publicación en el BOE del decreto de ampliación de Cabrera. Según el Govern, después de que Pedro Sánchez ganase la moción de censura, el Ejecutivo autonómico emprendió las negociaciones con el Estado para ampliar el parque marítimo-terrestre. El Ministerio contempló desde el principio que no existía la continuidad ecológica, pero el Govern, dice, consiguió que el documento recogiera que “por el momento no existen evidencias científicas” de dicha continuidad, “sin perjuicio” de lo estipulado en la Ley. De esta manera, Baleares entendía que se mantenía la puerta abierta a gestionar todo el parque nacional.
El Govern defiende que el Estado aceptó esta redacción y que así fue expuesta a información pública y aprobada por el Consejo de la Red de Parques Nacionales. Estas mismas fuentes aseguran que recibieron un email el 1 de febrero en el que el Ministerio les informaba de que el Consejo de Ministros iba a aprobar ese mismo texto.
Sin embargo, el documento que salió del Consejo de Ministros no contenía esa salvedad. El Estado cerró la puerta al Govern y le dejó sin la posibilidad de demostrar que sí existe continuidad ecológica.
“Es un pequeño cambio en la redacción, pero lo condiciona todo”, resume Miquel Mir, director General d'Espais Naturals del Govern. Mir aclara que Baleares no está interesada en una transferencia de competencias, es decir, las aguas en disputa seguirían siendo del Estado y este se encargaría de aspectos colaterales, como la marina mercante. Pide que haya un solo organismo que gestione toda Cabrera, con una dirección única que dependa de la Comunidad Autónoma, para evitar la duplicidad de entes y de puestos de trabajo.
Fuentes del Ministerio explican a eldiario.es que ambas administraciones coinciden en las propuestas de gestión “coordinadas”, pero no “conjuntas”, y que la gestión del parque se definirá en una nueva ley. También defienden que la gestión ambiental de las aguas en la zona de ampliación es competencia del Estado, independientemente de que se cuestione o no, como establece el tercer punto del acuerdo del Consejo de Ministros, que no existe continuidad ecológica. Respecto a las posibles duplicidades, el Ministerio recuerda que en la primera reunión bilateral tras la aprobación del decreto se acordó que el Gobierno central aportase 12 nuevos trabajadores a la plantilla del Parque Nacional.
Informe del IOE
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, podría aclarar si existe la continuidad ecológica o no. El Ministerio para la Transición Energética ha pedido el documento al IEO a instancias del Govern, aunque el Ejecutivo autonómico defiende que debería haberlo tenido en sus manos antes de afirmar en el documento aprobado en Consejo de Ministros que la continuidad ecológica no existía. Desde el Gobierno sostienen que el informe del IEO no es fundamental y que ya contaban con evidencias científicas que demuestran la “no-continuidad”.
Desde Baleares defienden que la continuidad ecológica es una “evidencia”, que queda demostrada en el plan de gestión originario de Cabrera, y que su propuesta de una dirección única cuenta con el apoyo mayoritario del Patronato del Parque Nacional. Además, alegan que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional a favor de que las Comunidades Autónomas gestionen los parques nacionales situados en su territorio.
