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Indígenas exigen al Gobierno en Ecuador que cese las licitaciones petroleras
Representantes de comunidades indígenas de las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago exigieron hoy al Gobierno de Ecuador que se abstenga de licitar a empresas de hidrocarburos un nuevo bloque petrolero en el centro sur amazónico.
Lo expresaron en un escrito dirigido al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y a los responsables de Hidrocarburos, Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Defensoría del Pueblo, que hicieron público hoy frente a un hotel de la capital ecuatoriana donde tiene lugar un encuentro anual sobre Energía, Minería y Petróleo.
En ese foro el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, anunció hoy, de acuerdo a medios locales, que “para evitar conflictos con las comunidades, la Ronda Suroriente solo licitará los bloques 86 y 87, los más cercanos a la frontera con Perú”.
Pero esas declaraciones fueron rechazadas por los dirigentes indígenas que sostienen que en esas áreas se radican miembros de sus comunidades.
Agustín Tentets, presidente de la Nacionalidad Achuar de Ecuador, dijo que los 8.000 miembros de su comunidad asentados en 670.000 hectáreas de bosque amazónico no permitirán la entrada de empresas a sus territorios.
Los responsables de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, anunciaron hoy que habrá movilizaciones contra la política extractiva del Ejecutivo.
En la misiva, que ha sido remitida también a organismos regionales y responsables de la ONU, indican que en total son 21 los bloques que incluye la ronda petrolera anunciada, con una superficie que abarca 3,6 millones de hectáreas y se sobreponen a los territorios ancestrales de nacionalidades indígenas.
Denuncian que en base a la Constitución y a los tratados y convenciones suscritos por Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas “tienen derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar a cualquiera de sus derechos colectivos”.
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