La Justicia argentina procesa a exdirectivos de Ford por delitos en la dictadura

La Justicia de Argentina procesó a tres exdirectivos de la filial local de Ford en el marco de una causa que investiga el secuestro de trabajadores en una fábrica de la automotriz estadounidense durante la última dictadura militar (1976-1983), informaron hoy fuentes judiciales.

Los procesamientos fueron dispuestos por la jueza federal Alicia Vence y alcanzan a Pedro Müller, exgerente de Manufactura; Guillermo Galarraga, exgerente de Relaciones Laborales, y Héctor Francisco Jesús Sibilla, exjefe de seguridad.

Vence tiene a su cargo una causa que investiga el secuestro de 24 obreros de la planta de Ford en la localidad bonaerense de Pacheco, ocurridos entre el 24 de marzo y 20 de agosto de 1976.

Según detalló el Centro de Información Judicial, los tres acusados fueron considerados partícipes primarios de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia, y amenazas e imposición de tormentos.

Asimismo, la jueza ordenó embargo sobre bienes de los procesados, hasta cubrir cada uno la suma de 750.000 pesos (unos 143.000 dólares).

Además ordenó a los tres exdirectivos no ausentarse de su domicilio por un lapso mayor de 24 horas, comunicar cualquier cambio de residencia, y comparecer mensualmente ante la policía.

Según la resolución, la magistrada imputa a Müller, Galarraga y Sibilla el “haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar” quienes eran determinados delegados y empleados de la planta “para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa”.

“Concretamente, a los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos”, indicó la jueza.

La magistrada también les acusa de “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica” para que en sus dependencias fueran interrogados los trabajadores.

“Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”, indicó la jueza.