La Justicia, empeñada en aliarse con las mujeres contra la violencia machista

Aunque evoluciona más lenta que la sociedad, la Justicia española intenta transformarse y aplicar una mirada de género justa con las mujeres víctimas de violencia machista o de violencia sexual, una evolución que atestigua la doctrina del Tribunal Supremo (TS).

La especialización de los juzgados de violencia contra la mujer, la formación de jueces y magistrados y los avances de la jurisprudencia del Tribunal Supremo del último año relativa a los delitos de los que son víctimas mayoritariamente las mujeres hacen de la Justicia una de las aliadas más relevantes en la lucha contra la violencia de género.

A pesar de que reconocen que aún queda camino por recorrer para corregir la desigualdad, jueces y fiscales han destacado, en conversaciones con Efe, cómo la administración de Justicia trabaja con paso decidido para transformarse y dejar atrás los sesgos patriarcales y machistas y acabar con la violencia de género.

“La Justicia siempre ha sido la principal aliada de la violencia de género, una violencia que se basa en una cultura patriarcal y de desigualdad en la que nos hemos educado todos. Hasta que el tema de la igualdad y la perspectiva de género han llegado a los órganos judiciales ha pasado tiempo: los cambios culturales son mucho más lentos que los legislativos”, explica a Efe la fiscal de violencia de género Pilar Martín Nájera.

LA LUCHA DEL SUPREMO

La magistrada de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de Jueces y Juezas por la Democracia, Esther Erice, destaca “pasos importantes” que se han dado desde 2018: la demanda e “inscripción altísima” de formación en perspectiva de género para jueces y “un cambio claro de la jurisprudencia de la sala segunda del Tribunal Supremo, una mayor preocupación por precisar aspectos de delitos que sufren las mujeres”.

La aplicación de la perspectiva de género a la hora de juzgar, la estimación de la agravante de género y su extensión más allá del ámbito de la pareja o la ampliación de los criterios a la hora de valorar la credibilidad de la declaración de una víctima son algunas de las novedades introducidas por sentencias del Supremo desde mayo de 2018.

El magistrado de la sala segunda del TS Vicente Magro, ponente de algunas de esas sentencias, sostenía en el I Congreso Internacional Justicia con Perspectiva de Género: “No podemos convertir a las víctimas de violaciones, de abusos sexuales y de maltrato de género en las culpables y acusadas en el proceso penal”.

MAYOR ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

Magro defiende que el legislador cambie el nombre que se da a la víctima de violencia de género, con el fin de que “se sienta más protegida en el proceso penal”: “La víctima no es un testigo más del proceso penal (...), es el sujeto pasivo”.

Al mismo tiempo que Erice hace hincapié en la necesidad de tratar a la víctima adecuadamente, de manera que el proceso penal le resulte lo menos gravoso posible.

“Todavía reclamamos un mayor número de psicólogos y trabajadores sociales, todavía estamos adecuando los espacios físicos de los juzgados para que el trato a las víctimas, testigos e incluso al victimario sea más adecuado”, añade.

En este sentido, Magro reconoce que la víctima llega al juicio oral muy cansada, “harta de contar los cinco, seis o siete años de sufrimiento” en varias ocasiones: “Está harta de su maltratador, harta del sistema, harta de nosotros”.

Para avanzar, una jueza titular de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid pide que se garantice apoyo psicológico a la víctima para reforzarla antes y durante el proceso judicial, porque va muy rápido y apenas tiene tiempo de asimilar lo que ha pasado y muchas veces se echan atrás y terminan por no declarar contra el agresor, acogiéndose a la dispensa legal.

La fiscal Martín Nájera sugiere que se elimine esa dispensa, recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Otra cuestión pendiente es agilizar los procesos de los juzgados de familia que determinan cuestiones como el régimen de visitas o la pensión alimenticia para los hijos, que duran una media de dos años.

Más allá de sus actuaciones y peticiones, los juristas inciden en la necesidad de que la sociedad se implique más en su rechazo y en la denuncia del machismo criminal, y por supuesto educación para ello.

“La violencia de género se sigue percibiendo como un delito de segunda clase, como un delito menos grave y habría que educar en la tolerancia cero”, sostiene la jueza madrileña.

“La Justicia ha tardado en hacer suya la perspectiva de género, pero la sociedad también. De ahí el silencio ante actuaciones que debieran ser reprochables porque son atentatorias contra los derechos humanos y, sin embargo, la fuerza de la costumbre hace que no se perciba su gravedad”, coincide la magistrada de Pamplona.

“HA MERECIDO LA PENA”

A pesar de reconocer que queda aún mucho por hacer para erradicar esta problemática, estos expertos valoran los pasos dados por la Justicia.

“La mujer que acude a la Justicia es protegida, en la mayoría de los casos se da una protección efectiva. (...) Hay que reforzar la confianza en que la Justicia funciona. ¿Que algunos casos se nos escapan? Sí, pero es un número bajo respecto a las miles y miles de denuncias que se reciben, explica la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid.

“Una mujer puede salir de la violencia si recurre a la Justicia, es un proceso duro y difícil, pero se puede salir”, continúa.

Erice prefiere huir de triunfalismos, pero concede que “es cierto que se ha trabajado y ha merecido la pena” porque se han dado “pasos importantes”: empieza a hacerse frente al fenómeno de la violencia machista “con rigor”, con categorías conceptuales, hay cada vez mayor sensibilidad y reproche.

“La situación es muy diferente a cuando empezamos a trabajar en los años 90, eso es así, pero insisto en que me gusta que miremos hacia adelante para hacerlo mejor”, concluye.

Violeta Molina Gallardo