La Justicia keniana avala los exámenes anales para probar la homosexualidad

El Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, desestimó hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificada como delito en este país.

La demanda fue presentada por dos hombres a quienes se les practicaron esas pruebas tras ser denunciados por la Policía y que decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Según un juez del tribunal, los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalida su pretensión.

“Los registros indican que los demandantes no objetaron ni protestaron por el test. Parece claro que consintieron de forma voluntaria la prueba médica”, señala el magistrado en una resolución difundida por medios locales.

“El examen médico de los demandantes y la toma de muestras se hizo de acuerdo con la ley. No encuentro ninguna violación de los derechos de los demandantes”, precisó.

Durante estas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal.

Las autoridades kenianas y de otros países donde se realizan estas prácticas aseguran que, mediante este procedimiento, pueden determinar el tono muscular, el esfínter o la anchura del ano para saber si han mantenido relaciones homosexuales.

Los dos demandantes kenianos alegaron que, además de estos exámenes, también les hicieron las pruebas del VIH y la hepatitis tras su detención en febrero de 2015, acusados de haber realizado actos homosexuales.

En Kenia, los “delitos” homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

El uso de exámenes anales médicos se practica al menos en ocho países: Camerún, Egipto, Kenia, Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda, y Zambia, según Human Rights Watch.

Además de no tener “ningún valor médico”, la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles.