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Karadima vuelve a negar ante la justicia chilena abusos sexuales a niños

Karadima vuelve a negar ante la justicia chilena abusos sexuales a niños

EFE

Santiago de Chile —

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El sacerdote Fernando Karadima, considerado por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y condenado a una vida de oración y penitencia, fue interrogado por la justicia chilena en el marco de una demanda en contra del Arzobispo de Santiago, donde volvió a negar este miércoles la existencia de abusos sexuales.

Tras más de dos horas de interrogatorio, el religioso salió del Palacio de Tribunales escoltado por cuatro guardaespaldas que golpearon a la prensa y varios gendarmes (guardias de prisión), sin entregar declaraciones a la prensa.

“No reconozco los abusos, con niños nunca, jamás y eso lo declaré con la Ministro. Respecto de los actores, sostengo mi inocencia”, aseguró Karadima en su declaración, que fue publicada por el diario La Tercera.

Karadima fue interpelado por el juez Juan Manuel Muñoz, en calidad de testigo, en el marco de la demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por presuntos actos de encubrimiento de obispos en materia de abuso sexual.

En el procedimiento estuvo presente el abogado de la Iglesia, Nicolás Luco y el abogado demandante, Juan Pablo Hermosilla.

“Fue una declaración que estuvo marcada por muchos 'no me acuerdo'. Algo esperable, cuando le convenía se acordaba y otras veces cuando no le convenía no se acordaba. Me hizo recordar las declaraciones de Pinochet en su momento”, añadió el profesional.

Según Hermosilla, Karadima no reconoció los abusos cometidos y cambió algunas cosas de sus declaraciones anteriores.

“Por ejemplo, Karadima dice que no es efectivo que los denunciantes hayan tratado de actuar contra la Iglesia chilena y que no sabe por qué están realizando estas denuncias”, agregó.

El Arzobispado de Santiago lamentó en la noche del miércoles que Fernando Karadima, nuevamente no reconociera su responsabilidad en los abusos sexuales por los que ha sido acusado y sancionado por parte de la Iglesia.

“En relación a la demanda civil presentada por las víctimas de abusos sexuales, el Arzobispado de Santiago lamenta que Fernando Karadima no hable con la verdad. Este era un momento privilegiado para hacerlo, y reconocer sincera y humildemente su exclusiva participación y responsabilidad en estos abusos”, precisó la diócesis a través de un comunicado.

El texto agrega que “el Arzobispado de Santiago seguirá colaborando en este proceso para esclarecer la verdad y reitera su compromiso con las víctimas”.

La intención de los demandantes, James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, víctimas sexuales de Karadima, es poder acreditar que la Iglesia fue incompetente en este caso; que encubrió los delitos del prelado, y solicitan, además, una indemnización de 450 millones de pesos por parte del Arzobispado de Santiago.

El pasado 30 de septiembre, en el marco de esta misma demanda el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz también debió declarar por al menos cinco horas.

En esa oportunidad, a la salida de la diligencia realizada en el domicilio de los obispos, el juez Muñoz solo se limitó a explicar que la extensión del procedimiento se debió a que “fueron muchas preguntas”.

Veintidós días después, la Justicia chilena confirmó que a través de un exhorto internacional al Vaticano, se pediría al papa Francisco entregar antecedentes sobre la investigación de Fernando Karadima.

Fernando Karadima, titular desde 1984 de la parroquia santiaguina de El Bosque, situado en uno de los barrios más acomodados de la capital chilena, forjó durante años sólidos nexos con sectores de la elite política y económica del país suramericano.

El prelado octogenario, que formó a cinco obispos chilenos y a casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y le condenó a una vida de oración y penitencia.

Además, en noviembre de ese mismo año, la Justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito.

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