Ley de comunicación de Ecuador “cercena la libertad de prensa”, según HRW

La Ley de Comunicación promulgada en 2013 por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, contiene “disposiciones poco precisas” y “regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa”, según el informe anual de Human Rights Watch (HRW) presentado hoy en Brasil.

En su capítulo dedicado a Ecuador, la ONG se muestra especialmente crítica con la situación de la libertad de expresión y dice que la citada ley “contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura” y asegura que “Correa continúa empleando el derecho penal sobre difamación para perseguir a críticos”.

Así, recuerda que “en septiembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena impuesta al legislador de oposición José Cléver Jiménez por haber injuriado al presidente, fijó una pena de 18 meses de prisión y lo conminó a que ofreciera disculpas públicas al presidente y lo indemnizara” con unos 140.000 dólares.

HRW también muestra su preocupación porque, a su juicio, “durante años el Poder Judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política”.

Además, el informe asegura que el “Código Penal contiene disposiciones excesivamente amplias sobre sabotaje y terrorismo, que en numerosas oportunidades han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos públicos de protesta y otras convocatorias”.

También señala que las autoridades han intentado “reiteradamente desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de procurar desestabilizar al Gobierno”.

La ONG igualmente mostró su preocupación por la situación de los casi 55.000 refugiados extranjeros, en su mayoría colombianos desplazados por el conflicto interno en su país, que había en agosto de 2013 en Ecuador.

Es “la mayor cantidad de refugiados en un país de América Latina”, señala el informe, en el que se destaca “la existencia de procedimientos de solicitud de asilo que no ofrecen las garantías estrictas exigidas por las normas internacionales”.

Sobre las mejoras en temas de derechos humanos, el informe pone de relieve que “las acciones encaminadas a juzgar a los responsables de graves violaciones cometidas por autoridades gubernamentales entre 1984 y 2008 consiguieron avances notables durante 2013”.