La renuncia de las empresas que llevan las residencias en Madrid obliga al traslado forzoso de cientos de ancianos
Algunas de las empresas que reciben dinero público de la Comunidad de Madrid para gestionar plazas subvencionadas en residencias privadas se van a desentender a partir de julio de seguir prestando el servicio porque no les sale rentable. Si en 2013, la última vez que hicieron una oferta a la Consejería de Políticas Sociales, pusieron a disposición más de 13.000 camas, este año el número se ha reducido a 10.626, según datos extraidos de los pliegos de oferta.
Esto va a obligar al gobierno de Cristina Cifuentes a llevar a cabo en apenas dos meses una operación de traslado de ancianos. La Consejería no quiere concretar, preguntada por eldiario.es, de cuántas personas se trata, pero sí se sabe que al menos cuatro residencias de 128, según las tablas de oferta, se borran del mapa y hacen privadas todas sus camas.
No todas esas plazas ofertadas son luego adjudicadas. Depende de las que lo sean por concurso público, pero el descenso de la oferta denota la pérdida de interés de algunas empresas en competir por gestionar un servicio por el que, explican, no reciben la financiación pública suficiente para hacerse cargo de todos los gastos. “Les salimos tirados de precio y no cubrimos gastos con lo que nos da la Comunidad. Tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Por eso no vamos a concursar. No somos una ONG”, dicen fuentes próximas a la dirección de uno de los centros privados que han rebajado su oferta de plazas.
Esta financiación es, según el nuevo acuerdo para 2017, 54 euros al día por residente (o 23 si es parcial), mientras que en las públicas se invierten 81, según datos de las memorias económicas que maneja la Comunidad. Este modelo de gestión, del que dependen un 60% de las plazas públicas en residencias de mayores, le reporta a la Consejería de Políticas Sociales un ahorro de casi 10.000 euros por residente al año.
Una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales se escuda en que “la comparación del coste no es aplicable dado que están afectadas por diferentes modelos de gestión en diferentes capítulos presupuestarios” y aseguran que “el precio garantiza la correcta atención”.
Pero el resultado final de esta ecuación, sostenida durante años, es que cuatro residencias de 128 ya no tendrán plazas subvencionadas y otras ofertan un menor número con ocasión de que en julio entra en vigor un nuevo acuerdo marco en el que esperaban un aumento de la financiación que no se ha producido. Dos de ellas son de Sanitas, que pasa de tener plazas públicas en siete centros a solo cinco. En este caso son pocas plazas, siete y cinco respectivamente, y la empresa justifica que la Consejería ha puesto un mínimo de oferta de 15 plazas por centro que no cumplían en estos dos centros. Ballesol, otra de las concesionarias, ha ofertado a partir de julio 246 plazas menos. Estas camas serán a partir de ahora completamente privadas.
El plazo se acaba el 1 de julio
La Comunidad de Madrid debería tener reubicados a todos los residentes antes del 1 de julio, cuando entra en vigor el nuevo acuerdo marco –hasta entonces se ha prorrogado el de 2014– que cifra en 9.208 las plazas privatizadas para los próximos tres años, con financiación total (5.369) o parcial (3.869).
Es un número suficiente, según la Consejería, para que todos los usuarios actuales (9.184) tengan asegurado un lugar en otro centro si el suyo ha eliminado o reducido la oferta. Algunas empresas aún no han avisado a sus residentes de los cambios próximos y la administración justifica para no dar el dato de traslados que “el acuerdo se sigue cerrando con las concesionarias”.
Una portavoz de Sanitas, una de estas empresas, asegura que ya todos sus residentes están informados de los cambios, aunque aún no saben dónde irán en la mayoría de los casos y remiten a preguntarlo a la Consejería. “Nosotros nos hemos reunido individualmente con las familias, pero no está recolocado todo el mundo. Creemos en este modelo que ha funcionado tantos años pero solo es eficaz si se le dota de los medios suficientes”, afirma a este medio. La aseguradora, que ha comprado este año Valdeluz –una vez que esta última hubiera hecho su oferta–, oferta en total 427 plazas.
El PSOE de Madrid calcula que, a falta de ver las adjudicaciones, habría que mover a más de 1.000 ancianos, de los cuales solo la mitad, según sus datos, ya tendrían asignada provisionalmente una plaza en otro centro. “Llevamos meses advirtiendo a la Consejería de que esto iba a ocurrir. Y es que las empresas no cubren con lo que les pagan los costes reales de mantener esas plazas”, afirma el diputado socialista José Ángel Gómez-Chamorro. El Grupo Socialista ha pedido la comparecencia del director general de Atención a la Dependencia y al Mayor el próximo 8 de mayo para explicar esta cuestión.
Los residentes de algunos centros, como Virgen de la Oliva (Majadahona), se han enterado a través de un formulario que se ha enviado a sus familias de que tendrán que cambiarse de centro. Otros todavía no lo saben. En ese papel les preguntan cuáles son sus preferencias. Según ha confirmado la Consejería a eldiario.es, “el proceso de traslados se va a llevar a cabo ubicando a los usuarios en los centros más cercanos al que están siendo atendidos, siempre que exista esa posibilidad, o solicitándoles sus preferencias sobre las localidades donde prefieran ser trasladados”.
