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Adelina Ibáñez, la impulsora del segundo juicio por el robo de bebés, muere sin conseguir ver al acusado en el banquillo

La mujer ha fallecido este domingo sin ver en el banquillo al ginecólogo Joaquín Botija, acusado de presunta falsedad en un documento público oficial, suposición de parto y de estado civil

El juicio ha sido aplazado en tres ocasiones, la última en noviembre por el estado de salud del acusado, el ginecólogo Joaquín Botija

"¿Qué están esperando para hacer justicia con nosotras? Que nos muramos una a una", se pregunta la presidenta de SOS Bebés Robados

Adelina Ibáñez sale de la Audiencia Provincial de Madrid junto a una de sus hijas después de que se aplace la vista en octubre por segunda vez.

Adelina Ibáñez, la impulsora del segundo caso de bebés robados que llega a juicio en España, ha fallecido este domingo en Cartagena, a los 73 años de edad, según ha confirmado su familia a eldiario.es. El juicio debería de haber empezado en 2018, pero fue aplazado en tres ocasiones, la última por el estado de salud del acusado, el ginecólogo de la maternidad Santa Cristina Joaquín Botija.

"Se ha muerto con esa pena de no haber hecho el juicio", ha lamentado Maricruz Rodrigo, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de Madrid. Ibáñez dio a luz a un niño en la maternidad Santa Cristina en 1975, según consta en los documentos de la clínica. La monja María Gómez Valbuena, sor María, le informó entonces de que el niño había muerto, pero Ibáñez sostenía desde hace 45 años que el recién nacido había sido entregado a otra familia y lo denunció. El trámite no prosperó en ese momento.

Pero 35 años después la mujer se enteró de una reclamación colectiva por casos similares al suyo y en 2013 volvió a denunciar. Sor María, que para la acusación particular es la presunta autora material de la sustracción, falleció en 2017 y la única persona que fue llevada a juicio por el caso fue el ginecólogo que asistió el parto. La acusación lo sentó en el banquillo y pide para él ocho años de prisión por presunta falsedad en un documento público oficial, suposición de parto y de estado civil.

"[El ginecólogo] estaba muy enfermo, pero más lo estaba ella", ha criticado Rodrigo. En la última vista que se suspendió, el pasado 12 de noviembre, Ibáñez asistió a los tribunales en sillas de ruedas y con un tanque de oxígeno. Después de eso, permaneció ingresada hasta este domingo en un hospital de Cartagena "por la depresión que cogió, agravada por la insuficiencia respiratoria", según ha explicado su hija, Matilde Marín.

"Decía que ya no iba a encontrar a su hijo porque estaba muy mal, ya no tenía fuerzas", ha lamentado Marín. "Se preguntaba mucho por qué no se le hacía un vídeojuicio [al ginecólogo] para que diera la cara", explica. Ahora, ella será quien "tome el testigo" del proceso "si puede".

"¿Qué están esperando para hacer justicia con nosotras? Que nos muramos una a una", ha asegurado la presidenta de la asociación. "Adelina es una de las pioneras. Hemos pasado mucho frío en [los tribunales de] la Plaza Castilla. Éramos cinco o seis personas: Paloma Mollá, Paloma Pérez Calleja, Margarita Pérez, María Villaseñor y su marido, Adelina y su marido, y yo. Somos los que empezamos a dar guerra", ha recordado Rodrigo, que ha acompañado a Ibáñez a cada vista.

El juicio que ha impulsado Ibáñez es el segundo que juzga un caso de estas características en España. El primero fue el de Inés Madrigal, que sentó en el banquillo al doctor Eduardo Vela en 2018. Aunque la sentencia aseguró que Madrigal fue entregada a una familia "fuera de los cauces legales", el ginecólogo del sanatorio San Ramón fue absuelto por prescripción y falleció el pasado octubre. Son las trabas con las que se encuentran casos como estos: la avanzada edad de los acusados y la prescripción de los delitos.

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