Mujeres se manifiestan a favor del aborto en la República Dominicana

Organizaciones dominicanas que defienden los derechos de las mujeres se manifestaron hoy frente a la sede de la Presidencia del país para rechazar la decisión de los diputados de mantener la penalización del aborto.

Las manifestantes reclamaron al presidente del país, Danilo Medina, observar el nuevo Código Penal si finalmente es ratificado por la Cámara del Senado.

La Cámara de Diputados aprobó el martes una serie de reformas al Código Penal que mantiene la criminalización del aborto con la única excepción de los casos en los cuales la vida de la mujer esté en riesgo.

La iniciativa será conocida ahora por el Senado, que tiene previsto reunirse el 25 de julio.

Cinthya Velasco, de Colectiva Mujer y Salud, pidió a los senadores “cumplir con su responsabilidad política y histórica” y rechazar la “aberración” aprobada por los diputados, a los que acusó de haberse dejado presionar por los sectores conservadores locales.

Los convocantes argumentaron que la prohibición del aborto aumentará la mortalidad materna y los abortos clandestinos.

“Esta aprobación, con el silencio del Ministerio de Salud, demuestra que en el país no hay políticas públicas para reducir la mortalidad materna, pues las causas de interrupción del embarazo son para evitar las muertes prevenibles de las embarazadas”, dijo el médico Fulgencio Severino, presidente del Movimiento Patria Para Tod@s, quien acudió a apoyar la actividad.

Amnistía Internacional (AI) y Oxfam criticaron esta semana que República Dominicana mantuviese la criminalización del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida en su nuevo Código Penal.

En un comunicado difundido el miércoles, las entidades consideraron que la República Dominicana perdió una oportunidad de oro para proteger los derechos humanos de las mujeres rechazando despenalizar el aborto.

El artículo 110 de la ley de 2014 incluía tres causas de excepción a la criminalización del aborto: Cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual o incesto y en casos de malformación incompatible con la vida.

Su eliminación es contraria a las obligaciones de derechos humanos del Estado y manda un claro mensaje de contradicción con las aspiraciones de asumir políticas públicas para reducir la mortalidad materna y alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12).

La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100,000 nacimientos, muy por encima del promedio de la región, que es de 77, según datos del informe de seguimiento de los ODM, elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 2013.