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Una experta de la OCDE advierte que España debe involucrar el sector privado en la gestión del agua

EFE

Madrid —

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España y el resto de la UE “deben involucrar al sector privado en la gestión del agua” si quieren mantener el servicio actual pues “en 2050 la demanda aumentará un 55%”, ha advertido en una entrevista con Efe Aziza Akhmouch, responsable del Programa de Gobernabilidad del Agua de la OCDE.

Esta experta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha insistido en que “la mejor gestión siempre es la compartida, que permite compatibilizar lo público con lo privado” pero en Europa “faltan incentivos en marcas reguladoras y, sobre todo, falta conciencia personal, pues los ciudadanos están acostumbrados a que el Estado se haga cargo de todo y a veces no es suficiente”.

Akhmouch, autora de dos importantes informes sobre gobernanza del agua en los países de la OCDE y los de América Latina, ha recordado lo sucedido en la COP15 de Copenhague en 2009 como ejemplo de la necesidad de implicar gestión privada.

En aquella ocasión, “los países comprometieron 100.000 millones de dólares, pero los cálculos presentados en la COP21 de París en 2015 demostraron que al final sólo fueron destinados 62.000” y, de esa cantidad, “un 70 % provenía de fondos públicos”.

Esto indica que “hay un margen amplio de mejora” pero para ello “es preciso cambiar el diseño de las políticas actuales” así como “implicar a promotores inmobiliarios, inversores a largo plazo y otros actores del sector privado”.

La idea general es que “las empresas deben disponer de condiciones marco para invertir y funcionar, la OCDE debe facilitarlas y finalmente el Estado debe encargarse de supervisar” la correcta gestión del agua.

En el caso de España, los desafíos son “similares a los de otros países europeos: eficiencia, efectividad e inclusión del sistema” y las recomendaciones también son las mismas: mejor administración de la demanda y creación de incentivos, “lo que se puede resumir en tres conceptos: el que usa, paga; el que contamina, paga más; el que paga, tiene que poder expresarse sobre la gestión”.

Akhmouch ha indicado que hoy el principal problema español no es el abastecimiento sino la gestión de aguas residuales y la fragmentación en la prestación del servicio.

Respecto a las aguas residuales, “parte de la solución es tecnológica y otra parte, la falta de un marco regulatorio adaptado a contaminantes nuevos, como los fertilizantes”, que deja obsoletos los antiguos estándares de control.

El tema de la ONU en el sector para 2017 será precisamente las aguas residuales, con objeto de concienciar sobre este desafío, “un impulso que podría ayudar a revisar la directiva marco europea en 2019”.

En cuanto a la prestación del servicio, esta especialista ha recordado que el número de operadores españoles de agua potable y saneamiento “está por encima de la media, entre 2.000 y 3.000, mientras en Holanda existen 10 y en el Reino Unido, 17”.

La dificultad “no radica en que haya muchos pues no existe un número ideal de operadores sino en que cuanto mayor sea esta cantidad, más difícil resulta canalizar recursos financieros”, especialmente a largo plazo.

Por ello considera que las dos principales aportaciones para el sector en la COP22 de Marrakech (Marruecos) fueron el análisis de las finanzas verdes “en el que se ha insistido mucho” y el hecho de que “por vez primera se dedicó toda una jornada al agua”.

“Nunca antes había sucedido, y eso era raro teniendo en cuenta que los recursos hídricos focalizan la mayor parte de los desastres naturales relacionados con el cambio climático”, ha precisado.

Aunque “no hay que olvidar que el 70 % del agua la consume la agricultura”, Akhmouch considera que es necesario contar “cada vez más” con los ciudadanos, no sólo en acciones privadas sino en los procesos de decisión y mecanismos de rendición de cuentas “sobre todo en este momento de crisis de confianza política con los partidos y los gobiernos”.

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