El Observatorio urge a romper mitos sobre las violaciones y a aplicar el agravante de género

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha urgido hoy a romper con los mitos que rodean las agresiones sexuales y a aplicar la agravante de género a cualquier delito cometido contra la mujer con independencia de la relación que mantenga con el agresor.

Son las principales conclusiones a las que ha llegado el Observatorio en su VII Congreso que ha reunido desde ayer en el Senado a representantes de todos los agentes involucrados en la lucha contra la violencia machista, desde jueces y fiscales a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y profesionales del ámbito sanitario o educativo, entre otros.

Durante estas dos jornadas, los expertos han puesto el acento en que, para luchar eficazmente contra los delitos contra la libertad sexual, es imprescindible erradicar estereotipos que planean sobre las agresiones sexuales, como que para que haya violación es necesario que la víctima tenga lesiones o que se encuentre “anímica deshecha” o que solo las sufren personas atractivas.

Así lo ha expuesto la encargada de leer las conclusiones del Congreso, la presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, quien ha enfatizado que “la realidad demuestra que normalmente las víctimas de violación no presentan lesiones” y que “muchas de ellas narran los hechos de forma fría, distante y sin componente emocional”.

También ha apelado a la urgencia de ampliar el concepto de violencia sobre la mujer tal y como recoge el Convenio de Estambul, para lo que ha emplazado a aplicar la agravante de género “a todos los hechos delictivos cometidos contra la mujer”, con independencia de la relación que tenga con el agresor.

Los participantes han valorado la próxima versión de los formularios de valoración policial del riesgo, que afinará la predicción de reincidencia pero también la de que el caso pueda culminar con el asesinato de la mujer, y tendrá especial consideración de los hijos o menores a cargo.

No ocurre así con la valoración forense, una herramienta eficaz de protección pero “claramente infrautilizada”. Por ello, el Observatorio ha clamado por la implementación de las unidades forenses de valoración del riesgo “donde todavía no existen” y que se doten con los medios personales y materiales necesarios.

Y en aras a una mayor eficacia de las medidas de protección de las víctimas, éstas deben adoptarse como si de “un traje a medida” se tratase, para lo que es imprescindible tener en cuenta las características personales de cada víctima, la naturaleza del delito y sus circunstancias y consecuencias, ha añadido la presidenta del Observatorio.

Pero también es esencial un “pormenorizado y exhaustivo” análisis de los factores de riesgo tanto en la víctima como en el investigado, han subrayado los expertos del Observatorio, integrado por el CGPJ, los ministerios de Justicia, Sanidad e Interior, la Fiscalía General del Estado, las comunidades con competencias transferidas en Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.

Sobre la protección de los menores, y aunque existe una amplia batería de medidas cautelares, lo cierto es que “no se adoptan tanto como sería necesario”, ha apuntado Carmona, que ha achacado este hecho a que “quizá no se aplica la norma con perspectiva de violencia de género”.

De ahí que haya apostado por reforzar la formación y concienciación social de cara a considerar a todos los efectos a los menores como víctimas directas de la violencia machista.

No obstante, los menores también pueden ser agresores y de hecho el Observatorio ha constatado un aumento de casos entre adolescentes, por lo que Carmona ha invitado a la “reflexión y estudio” sobre esta realidad.

Además, en las distintas ponencias los participantes han aludido a la urgencia de trasponer a nuestro ordenamiento el Convenio para la represión de la trata de personas y de prostitución ajena, firmado en Lake Success, Nueva York, el pasado 21 de marzo, con el objetivo de arbitrar un sistema de protección integral de las potenciales víctimas.