El PE pide que las ayudas europeas al empleo juvenil no sirvan para precarizar

El pleno de la Parlamento Europeo (PE) reclamó hoy que instrumentos como la garantía juvenil para luchar contra el alto desempleo de los jóvenes mejoren en su aplicación y no se utilicen para sustituir trasbajos por ofertas de baja calidad.

Casi cinco años después de la puesta en marcha de la iniciativa, los eurodiputados aprobaron un informe que aunque reconoce algunos resultados, es crítico con la aplicación de la iniciativa juvenil europea y denuncia que apenas da información sobre sus resultados.

El presupuesto inicial para el periodo 2014-2020 fue de 6.400 millones de euros, pero dada la persistencia de altas tasas de desempleo juvenil se aumentó en 2.400 millones para el periodo 2017-2020.

España es el mayor beneficiario de esos fondos y cuenta con el segundo índice más alto de desempleo juvenil (solo está por encima Grecia).

La garantía juvenil, cuya aplicación está en manos directamente de las administraciones nacionales y locales, persigue que los jóvenes reciban una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

El informe, aprobado hoy por amplia mayoría por los eurodiputados, hace hincapié en que “nunca se debe comprometer el aspecto cualitativo” del trabajo decente para los jóvenes.

En ese sentido, subraya que en los esfuerzos realizados “deben tenerse especialmente en cuenta las normas laborales básicas y otras relativas a la calidad del trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, el salario mínimo, la seguridad social y la salud y seguridad” en el mismo.

El texto final no incluyó sin embargo una enmienda de varios grupos de Izquierda de la Eurocámara que reclamaba directamente a los países “remuneración adecuada” y “dignidad” en las ofertas.

Más allá, en el informe se propone la creación de una línea directa de la UE contra la violación de los derechos de los jóvenes, para que estos últimos puedan comunicar directamente a la Comisión toda experiencia negativa (...), “lo que permitiría la recopilación de información y la investigación de posibles prácticas abusivas en la aplicación de políticas financiadas por la Unión”.

El texto, que harán llegar a la CE y a los Estados miembros como medida de presión y que se hace eco también de un informe del Tribunal de Cuentas en el mismo sentido del pasado mes de abril, señala la “preocupación” del Europarlamento porque exista “el riesgo de que la financiación de la UE esté limitándose a reemplazar la financiación nacional en vez de crear valor añadido”.

Asimismo, incide en que los jóvenes discapacitados deben acceder en mayor medida a los instrumentos, ofreciendo igualdad de acceso a aquellos con discapacidad y respondiendo a sus necesidades individuales.

En el debate previo al voto, la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, reconoció que “el desempleo juvenil sigue siendo elevadísimo” y que pese a algunos avances conseguidos “la UE no se puede detener aquí”.

Entre otros asuntos mejorables, Thyssen señaló el “irregular” acceso a los instrumentos europeos como al garantía juvenil y su distinto uso según el país, una brecha que dijo conviene erradicar.

Sobre la falta de datos de muchos Estados miembros sobre la aplicación de estos instrumentos, la comisaria señaló que en 2019 el Ejecutivo comunitario presentará un informe de conclusiones sobre su puesta en práctica en los Veintiocho.

El eurodiputado Javi López (PSOE), partidario como la mayoría de la Eurocámara de hacer permanentes estas ayudas más allá de 2020, apuntó antes del voto en la necesidad de “no esconder los problemas laborales bajo la alfombra de la temporalidad o la precariedad”.

Muy críticos con la aplicación de la iniciativa europea fueron, entre otros, Ernest Urtasun (ICV) o Tania González (Podemos), que señaló que “es una vergüenza que España haya recibido 1.000 millones de euros pero no aporte datos sobre quién se beneficia”.

“Bajo esta iniciativa proliferan la explotación y la precariedad”, añadió la eurodiputada.

Frente a ello, Verónica Lope (PP) defendió que “en España, ha bajado el paro juvenil en más del 20% en los últimos cuatro años y la tasa de empleabilidad de los jóvenes inscritos en el Sistema de Garantías Juveniles es del 41 %”.

“Creo que estos datos son positivos y avanzamos en la buena dirección, aunque indudablemente, queda un largo camino por recorrer”, añadió la eurodiputada popular.