El PE pide mejorar la aplicación de las ayudas europeas al empleo juvenil

El pleno de Parlamento Europeo (PE) pidió hoy mejorar la aplicación de los instrumentos de la iniciativa europea juvenil para acabar con el alto porcentaje de “ni-nis” en la Unión Europea.

Un informe aprobado hoy por amplia mayoría por los eurodiputados pide que medidas como la garantía juvenil europea no sirvan solo para sustituir medidas a nivel nacional, así como que asegure que las ofertas que provee cumplen ciertos mínimos laborales.

En el texto, los eurodiputados subrayan que en los esfuerzos para aplicar la garantía juvenil “deben tenerse especialmente en cuenta las normas laborales básicas y otras normas relativas a la calidad del trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, el salario mínimo, la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo”.

El texto final no incluyó, por falta de apoyo en voto final, una enmienda de los socialdemócratas, Verdes y la Izquierda Unitaria que reclamaba concretamente “remuneración adecuada” y parámetros para definir qué es y no es un empleo de calidad.

Por otro lado, se propone la creación de una línea directa de la Unión Europea contra la violación de los derechos de los jóvenes, para que estos últimos puedan comunicar directamente a la Comisión toda experiencia negativa (...), “lo que permitiría la recopilación de información y la investigación de posibles prácticas abusivas en la aplicación de políticas financiadas por la Unión”.

El informe, que harán llegar a la Comisión y a los Estados miembros como medida de presión, señala también la “preocupación” del Europarlamento porque exista “el riesgo de que la financiación de la UE esté limitándose a reemplazar la financiación nacional en vez de crear valor añadido”.

Asimismo, incide en que deben acceder en mayor medida a los instrumentos, ofreciendo igualdad de acceso a los jóvenes con discapacidad y respondiendo a sus necesidades individuales.

La garantía juvenil, cuya aplicación está en manos directamente de las administraciones nacionales y locales, persigue que los jóvenes reciban una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

El presupuesto inicial para el periodo 2014-2020 fue de 6.400 millones de euros, pero dada la persistencia de altas tasas de desempleo juvenil se aumentó en 2.400 millones para el periodo 2017-2020.

España es el mayor beneficiario de esos fondos y cuenta con el segundo índice más alto de desempleo juvenil (solo está por encima Grecia).