El PSOE pide garantizar la cotización a las víctimas de maltrato con renta de inserción

El PSOE ha propuesto que se incluya en el pacto de Estado sobre violencia de género la garantía en la cotización a las víctimas de violencia de género perceptoras de la renta activa de inserción, para que les permita el acceso a la pensión de jubilación.

A través de una proposición no de ley registrada en el Congreso, el grupo socialista pide a la Comisión de Igualdad “que se adopten las medidas normativas que permitan la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de la percepción de la renta activa de inserción en las situaciones de violencia de género, con cargo a la imposición general”.

En esta renta, y a diferencia del subsidio, no existe cotización a la Seguridad Social, aunque sí da lugar a cobertura sanitaria y protección a la familia, aclara la iniciativa.

A través de esta proposición no de ley, presentada por la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, su portavoz adjunta, Carmen Cuello, y la portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, Amalia Rodríguez, el PSOE reclama que se “corrija esta desigualdad” con la medida que incluirán en las propuestas al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

El PSOE explica que esta iniciativa fue registrada el jueves, antes de la reunión de la subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, que debe concluir su informe antes del viernes.

Reclama que en cumplimiento de la Recomendación 17 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, se adopten las medidas normativas que permitan esa cotización con cargo a la imposición general, “con el fin de posibilitar el acceso a la pensión de jubilación de las mujeres que padecen esta violencia”.

La renta activa de inserción es una ayuda extraordinaria que corresponde a las mujeres que han extinguido la prestación por desempleo y el consiguiente subsidio o no pudieran ser beneficiarias de dichas prestaciones.

Se trata de una ayuda extraordinaria para aquellas personas que no pueden acceder a otro subsidio y encuentran especiales dificultades para encontrar trabajo, como las víctimas de violencia de género, explica el PSOE.

La iniciativa destaca que la Comisión recomienda que se adopten las medidas para que las mujeres complementen sus aportaciones con otros elementos como ventajas fiscales o situaciones asimiladas al alta, a efectos de mejorar la pensión de jubilación, con el objetivo de configurar derechos de pensión propios, con una consideración específica para las ayudas de las mujeres que presentan mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres que sufren maltrato.

Los socialistas explican que la Ley Integral contra la Violencia de Género reconoció un estatuto de protección a las víctimas que incluye derechos en el ámbito laboral, con plasmación en el sistema de Seguridad Social al posibilitar que esos supuestos fueran declarados como situación legal de desempleo y así facilitar que estas mujeres pudieran acceder a la prestación de desempleo con cotizaciones.

La subcomisión para articular el pacto de Estado contra la violencia machista tiene de plazo hasta el 30 de junio para concluir su informe.

Más de sesenta personas han comparecido ante la subcomisión, entre expertos, representantes de la sociedad e instituciones, que han planteado ochocientas propuestas que se deben “ordenar y analizar” en dicho informe consensuado por los grupos.