Paraguay busca reducir las brechas de género en las zonas rurales

El Ministerio de la Mujer de Paraguay presentó hoy su estrategia para la aplicación de políticas públicas enfocadas a reducir las brechas de género en las zonas rurales del país, fomentando el desarrollo y empoderamiento de las mujeres rurales en todos los ámbitos.

En la primera reunión del año de la Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Ley CIAL -de políticas públicas para mujeres rurales-, la ministra de la Mujer, Nilda Romero, explicó que el propósito es “mejorar la situación de las mujeres rurales” y su “bienestar” en todos los ámbitos.

“No solamente en el empoderamiento económico”, continuó la ministra, “sino también promover la participación política de las mujeres rurales (y) promover su participación social”.

La ley se aprobó en 2015 pero no se había aplicado hasta ahora por falta de desarrollo normativo, según explicó Romero, que aseguró que este martes “se aprobará la reglamentación” que permitirá “tener los recursos necesarios para implementar esta ley”, que es, dijo, “demasiado importante” para Paraguay.

La aplicación de esa ley, según el ministerio, se basa en cinco ejes estratégicos que buscan mejorar la eficiencia de los servicios públicos destinados a ese sector de la población, institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública y fomentar las actividades y el liderazgo de las mujeres rurales.

Así como reforzar las capacidades institucionales en su trabajo con dichas mujeres e instalar mecanismos de participación ciudadana, ya que “toda la aplicación de la ley se basa en un contacto directo con las beneficiarias”.

El ministerio, que coordina a todas las instituciones involucradas en la aplicación de la norma, también busca incentivar el desarrollo de las organizaciones de mujeres rurales.

La aplicación de los programas y proyectos que surjan de los acuerdos entre los organismos encargados de la ejecución de la ley se hará de forma “priorizada” en algunos territorios, para tras su evaluación, sistematizar las “buenas prácticas” y llevarlas al resto de zonas rurales del país.

Además, la estrategia de aplicación será quinquenal, por lo que, cada cinco años, que coincidirán con los periodos legislativos, se hará una evaluación de la marcha de las políticas públicas enfocadas a las mujeres rurales.

No obstante, se harán reuniones frecuentes de la Comisión para hacer un seguimiento periódico de la aplicación de la normativa.

Según la cartera ministerial, los recursos necesarios para esas políticas provendrán del presupuesto nacional y de donaciones privadas.