Persisten las deudas con las víctimas en El Salvador tras 28 años de la firma de la paz

El Salvador conmemora este jueves el 28 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992), con la impunidad y el desamparo estatal con las víctimas a la orden del día.

El 16 de enero de 1992, la comandancia de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno de El Salvador firmaron la paz en México.

Este conflicto armado dejó al menos 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y diversos casos de crímenes de lesa humanidad impunes.

SIN AVANCES REALES

A juicio de David Morales, miembro de la organización humanitaria Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos del país, en El Salvador “lo que no ha existido nunca son avances reales” en favor de las víctimas.

Los sobrevivientes de las masacres y torturas, los familiares de los desaparecidos y las diversas organizaciones humanitarias esperaban que desde 2009 se diera un cambio a su favor con la llegada de la izquierda al poder Ejecutivo.

El FMLN, guerrilla fundada en 1980 y que se convirtió en partido político con el final de la guerra, gobernó el país centroamericano entre 2009 y 2019.

“Los Gobiernos anteriores, de la década del FMLN, tuvieron cierta apertura al diálogo y abrieron algunos procesos de reparación insuficientes y mínimos”, subrayó Morales en declaraciones a Efe.

Entre los actos de reparación realizados por las administraciones de Mauricio Funes (2009-2014) y el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) están un acto de perdón por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989 y algunos programas para las víctimas de la matanza de unos 1.000 campesinos en 1980 en la localidad de El Mozote.

No obstante, este mismo partido se mostró contrario, desde el Ejecutivo, a la anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional en 2016.

En ese año, el portavoz del Gobierno de Sánchez Cerén, Eugenio Chicas, cuestionó la “utilidad práctica” del fallo constitucional.

Dicha anulación permitió la reapertura de algunos procesos, mismos que tienen en la negación de información militar uno de sus principales valladares.

AMBIGÜEDAD DE NUEVO GOBIERNO

El ex procurador salvadoreño manifestó que mira “alguna voluntad” en el Gobierno de Nayib Bukele, quien tomó el poder el 1 de junio con la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), pero únicamente a nivel de discursos.

“Hemos tenido la realidad que entorpeció los pocos procesos que se abrieron hacia las víctimas”, señaló Morales en referencia al cierre de las unidades que ejecutaban algunos programas de reparación a “un grupo reducido de víctimas”.

Recordó que el registro oficial de las víctimas de El Mozote, una de las peores masacres de civiles registradas en Latinoamérica, se mantuvo cerrado por siete meses y se reactivó apenas el 15 de enero.

Por otra parte, la falta de actos oficiales para conmemorar el final de la guerra le parece una “expresión de negacionismo histórico”.

Este registro, al igual que las iniciativas de reparación para los sobrevivientes de El Mozote, se dieron por orden de un fallo internacional contra el Estado salvadoreño.

“Las víctimas no son prioridad para este Gobierno, al igual que no lo fueron realmente para los anteriores, es también evidente”, acotó.

PROTAGONISMO MILITAR

Manuel Escalante, abogado del jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), dijo a Efe que “un enorme retroceso” registrado en estos años de posguerra es la “militarización de la seguridad pública”.

Uno de los principales componentes de los Acuerdos de Paz de 1992 fue la salida del Ejército de las labores de seguridad y la eliminación de cuerpos militares que encabezaron diversas violaciones a derechos humanos.

“No solo tiene que ver con la falta de la reparación de las víctimas que continúa, sino también sobre la visión nuevamente autoritaria que pudiera estarse dando en la sociedad civil y en este caso del órgano Ejecutivo”, apuntó.

Escalante señaló que otras deudas son la falta de una ley de reparación de las víctimas por parte de la Asamblea Legislativa y que, por orden del Supremo, debe emitirse a más tardar el 28 de febrero.

Añadió que el sistema de justicia tampoco está preparado para atender los procesos de crímenes de guerra y lesa humanidad.

La anulación de la amnistía permitió la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de El Mozote y la matanza de los padres jesuitas.