Piden anular el nombramiento de un misionero para cuidar a los indios aislados en Brasil

La Procuraduría General de la República pidió este martes suspender el polémico nombramiento de un misionero evangélico como jefe de la entidad que cuida de los indios aislados en Brasil por considerar que existe conflicto de intereses y riesgo de volver al genocidio de las tribus indígenas.

La solicitud -de carácter “urgente”- pide anular el nombramiento del misionero Ricardo Lopes Dias, confirmado por el Gobierno del presidente de Brasil, el ultradrechista Jair Bolsonaro, la semana pasada.

De acuerdo con el ente acusador, existe un “evidente conflicto de intereses”, entre la persona nombrada para el cargo y la política indigenista del país sudamericano, así como una incompatibilidad técnica y un “riesgo de retroceder” en la política de no contacto adoptada por Brasil desde la década de 1980.

Lopes Dias, antropólogo y teólogo con más de una década de experiencia como misionero del grupo evangélico estadounidense Misión de Nuevas Tribus de Brasil (MNTB), fue nombrado como jefe de la Coordinación de Indios Aislados y de Reciente Contacto (CGIIRC) de la Funai, que cuida de las cerca de 114 etnias que, se calcula, viven en el país sin contacto con la “civilización”.

La misión estadounidense actúa desde la década de 1950 en la evangelización de pueblos indígenas de la Amazonía pese a las críticas de caciques de diferentes etnias a sus métodos y objetivos.

Lopes Dias, que se formó en antropología en la Universidad Federal de Amazonas, trabajó entre 1997 y 2007 en la evangelización de diferentes etnias en el Valle del Javari, una región en la Amazonía en la que hay registros de varios pueblos aislados.

A eso se suma que para que el misionero pudiera acceder al cargo, la Fundación Nacional del Indio (Funai) ordenó cambiar las regulaciones internas eliminando el requisito de que el coordinador fuera un funcionario de carrera, lo que para la Procuraduría “debilita” la capacidad de la entidad para proteger a este tipo de tribus indígenas.

“El nombramiento de una persona que no es un funcionario público efectivo y que, además, tiene una conexión con una organización misionera cuya misión es evangelizar a los pueblos indígenas, tiene un evidente conflicto de intereses con la política indígena del Estado brasileño”, señala el ente acusador en la petición.

Asimismo destaca que con el nombramiento se corre el riesgo de causar “daños irreparables e irreversibles a la política de no contacto y respeto por la autodeterminación de pueblos, como también riesgos de genocidio y etnocidio”.

De hecho, el nombramiento fue cuestionado desde antes de su confirmación por organizaciones como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Javari, el Consejo Indigenista de Misioneros (CIMI, vinculado al Episcopado de la Iglesia Católica) y Survivor International.

En enero pasado, líderes de 45 etnias de Brasil firmaron una carta-manifiesto en la que denunciaron que el Gobierno de Bolsonaro puso en marcha un “proyecto político” de “genocidio, etnocidio y ecocidio” contra los indígenas.

En la carta, los 600 firmantes denunciaron la escalada de la violencia contra los indígenas y rechazaron la posibilidad de que la agricultura o la minería sean autorizadas en las reservas indígenas, como defiende Bolsonaro.

Desde que asumió la Presidencia el 1 de enero de 2019, Bolsonaro se ha mostrado partidario de la explotación económica de la Amazonía y ha afirmado que no pretende crear nuevas reservas indígenas, pues considera una “exageración” que los pueblos originarios ya ocupen cerca del 14 % de todo el territorio brasileño.

La semana pasada el mandatario brasileño firmó un proyecto de ley que permite la minería y la generación de energía eléctrica en las reservas indígenas, una promesa desde que asumió el cargo hace un año y que es rechazada por indios y ecologistas.