El plan del parque nacional de Guadarrama amnistía los macroeventos deportivos dentro de su territorio protegido
El Plan de Gestión del parque nacional de Guadarrama prevé amparar las decenas de pruebas deportivas multitudinarias que se han acumulado en su territorio, según la última versión del documento que ha sido presentada en el Patronato del espacio protegido.
Los gestores del parque –la Comunidad de Madrid y de Castilla y León– consideran “autorizables con carácter excepcional” todas aquellas pruebas que se celebraran antes de declararse el parque nacional (junio de 2013) y que hayan seguido celebrándose después. Basta con catalogarlas “de baja incidencia ambiental”. El Ministerio de Transición Ecologica entiende que este plan sí establece “limitaciones de zonas y épocas” donde celebrar estas competiciones además de cerrar el cupo en las ya preexistentes. Sin acceso a nuevas.
La medida viene a suponer una especie de visto bueno extraordinario, ya que el Plan Director de Parques Nacionales considera que las pruebas deportivas, con carácter general, son “incompatibles” con la conservación y únicamente admite autorizaciones excepcionales que deben justificarse en los planes de gestión (PRUG) como el que se prepara. La cuestión es que en Guadarrama se contaron 25 de estos eventos y más de 10.000 participantes en 2016 dentro del parque, según su última Memoria de Actividades.
Las docenas de competiciones a pie y en bicicleta que se disputan anualmente dentro de este terreno protegido varían entre los 2.000 y los 60 participantes. Algunas se han convertido ya en estrellas del circuito de deportes de montaña como el Gran Trail de Peñalara o el Cross de los Tres Refugios y otras que están creciendo como el TrailWalk.
De esta manera, la mayoría de estas competiciones ya instaladas tienen prácticamente asegurada su permanencia además de mantener la marca parque nacional para incentivar su atractivo. La carreras de montaña se han convertido en un circuito comercial que aglutina a miles de personas con inscripciones que varían desde los 20 a los 200 euros por participante.
La Comunidad de Madrid ha explicado que el plan es “un esfuerzo por por ajustarse al complejo marco normativo y ordenar una serie de actividades compatible con los usos que tradicionalmente ha tenido la Sierra de Guadarrama”.
Peticiones atendidas
Raúl Urquiaga, del grupo ecologista Grama, analiza que, durante el proceso de elaboración del plan, “cualquier sector económico con intereses en el parque nacional acaba por obtener un artículo para su beneficio”. El 80% de las 561 alegaciones presentadas al primer borrador hacían referencia a la regulación de prácticas deportivas, según recontó la Comunidad de Madrid.
Además de las competiciones, la última versión del PRUG ha amparado también, por ejemplo, los vuelos sin motor que no aparecían en el texto inicial. Una concesión que se ha concretado en tres zonas específicas de despegue en la cumbres de la sierra. El Gobierno del Partido Popular modificó específicamente la ley de Parques Nacionales en 2014 para incluir una excepción para Guadarrama que diera cabida a esta actividad deportiva “donde no resulte incompatible con la conservación de los recursos del parque”. Una singularidad legislativa ahora aprovechada.
Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, lamenta que el PRUG termine siendo una “reducción de la protección del espacio. Aprovechan para legalizar actividades y usos que hasta ahora no eran autorizables”. Según su criterio se abre el parque al aprovechamiento económico al “anteponer usos particulares de carácter lucrativo sobre el objetivo prioritario que es la conservación del espacio”.
Los ambientalistas han remitido una carta al Ministerio de Transición Ecológica para que tome cartas. Sin embargo, un portavoz del ministerio recuerda que la competencia para aprobar el documento es de las comunidades autónomas. Además añade que en el proyecto de Guadarrama “no hay nada ilegal. Se ha hecho todo en el marco de la ley de Parques Nacionales y el plan director”. De hecho, en el Consejo de la Red de Parques no se pronunciaron en contra.
No arredra esta interpretación a los ecologistas que ya tienen preparada una eventual acción en los tribunales. Una denuncia de este grupo tumbó (parcialmente) el Plan de Ordenación de la Sierra precisamente por aguar el nivel de protección ambiental.
