La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información se opone a la regulación de análisis comparativos de alimentos
El Gobierno trabaja en un Real Decreto que pretende regular la publicación de análisis comparativos de productos alimentarios. Se refiere a los informes que reflejan las opciones más y menos ventajosas para consumidores sobre leches, aceite de oliva o carnes que periódicamente publican algunas organizaciones de consumidores.
Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) –de la que forma parte eldiario.es– se ha dirigido a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, García Tejerina, para manifestar su rechazo y preocupación por el proyecto, que en su opinión “vulnera la libertad a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” que consagra la Constitución.
Las condiciones que planea imponer Agricultura, que afectan a la confidencialidad de los laboratorios y la comunicación de los resultados, “si no impiden directamente la publicación de esos estudios, cuando menos lo dificultan al máximo”, tal como advierte la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), autora de muchos de estos informes. La asociación denuncia que el Gobierno “quiere privar a los consumidores del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado”.
Por su parte, la PDLI entiende que la libertad de información, que ampara la difusión de estos análisis, no puede estar sujeta a otros límites que los previstos expresamente en el ordenamiento jurídico. Y en asuntos de interés público, como son los que tienen que ver con los derechos de los consumidores y usuarios, “este límite, según reiteradamente ha
establecido nuestra jurisprudencia, no es otro que el principio de veracidad“.
En opinión de la OCU, este Real Decreto es producto de que “el Gobierno ha cedido ante la industria alimentaria, verdadera impulsora de esta iniciativa que se ha molestado con los escándalos alimentarios destapados hasta ahora”. En este sentido, la PDLI afirma que se trata de una norma “injustificada”, puesto que en el caso de que algún interés particular, como el de alguna empresa, se viera lesionado por la difusión de informaciones que entendiese que no son veraces “corresponde a los Tribunales de Justicia imponer la sanción oportuna si se produce un daño”.
Considera, además, que esta regulación no aporta ninguna garantía adicional a los consumidores “puesto que ya existe sobre la publicación de cualquier información una obligación de veracidad que ha de ser cumplida por todo aquel que hace pública una información”. Las organizaciones de consumidores no están exentas de esta obligación.
El rechazo de la PDLI se suma a las alegaciones que el Consejo de Consumidores y Usuarios –organismo que integra
a todas las organizaciones de consumidores de ámbito estatal– ha presentado contra la norma y al de otras organizaciones internacionales que también han mostrado su oposición al proyecto.
Fotografía: Chiot's Run (flickr)
