Plataformas digitales piden que sus trabajadores deban ser autónomos por ley

Adigital y cuatro de sus asociados (Glovo, Stuart, Uber Eats y Deliveroo) han planteado la necesidad de reformar la legislación laboral para que quede claro que los trabajadores de este tipo de plataformas tienen que ser autónomos, aunque piden que se adapte esta figura a la nueva “realidad digital”.

La situación laboral de quienes en la actualidad prestan servicio como autónomos a estas plataformas ha sido cuestionada por la Inspección de Trabajo, que los considera “falsos autónomos” que deberían estar contratados por cuenta de la empresa, un argumento que divide a los jueces con sentencias tanto a favor como en contra.

Ante la creciente judicialización del sector, Adigital ha propuesto este martes reformar el Estatuto del Trabajo Autónomo para que establezca con claridad que los profesionales que operan en este tipo de plataformas deben estar encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Su propuesta incluye la adaptación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) a la “realidad digital” y dotarla de mayores coberturas, como la protección frente a contingencias de salud o por el cese de la actividad profesional, ha informado en un comunicado la asociación, que dice tomar como referencia el modelo francés.

No es la primera vez que se habla de la figura del Trade digital, la federación de autónomos ATA ya la contemplaba en sus “35 propuestas para 2019”, donde decía que serían considerados así quienes percibieran al menos el 75 % de sus ingresos de plataformas digitales.

En la actualidad se considera Trade al autónomo que factura el 75 % de sus ingresos a un mismo cliente, si bien el Trade digital estaría ligado a todo un sector, en lugar de a una sola empresa.

Adigital ha formulado su propuesta con la pretensión de abrir un debate en el que participen todos los agentes “para configurar un sistema innovador, competitivo y garantista para empresas, usuarios y prestadores de servicios”.

La organización justifica el cambio legislativo en la importancia que estas plataformas tienen para el conjunto de la economía española, a la que calculan que aporta 643 millones de euros y 14.337 puestos de trabajo.