Podemos reduce a menos de la mitad las multas administrativas en su ley LGTBI

Podemos, mediante 13 enmiendas, corrige en el Congreso de los Diputados su proposición de ley de igualdad LGTBI para, entre otras cosas, reducir las sanciones para las ofensas por razón de orientación, identidad o expresión sexual hasta un máximo de 12.000 euros y no 45.000 como propusieron al principio.

También ha eliminado uno de los artículos más polémicos del texto, la de proceder al “decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte” que atenten contra la normativa.

“En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo”, añadía.

La propuesta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) que materializó Podemos en el Congreso ha recibido un total de 287 enmiendas parciales después de que la semana pasada la cámara tumbara el texto alternativo que había presentado el PP.

En las de Podemos, el grupo confederal ajusta el catálogo de infracciones eliminando todas aquellas que hacían referencia a la reincidencia y otras como difundir contenidos ofensivos o vejatorios en redes sociales o Internet o deslucir bienes muebles o inmuebles contra las personas LGTBI o sus familiares.

Otro de los apartados que excluye es el de extender la responsabilidad de la infracción a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuando haya sido cometida por sus empleados, dependientes, representantes, gestores o “miembros en cumplimiento de toda orden, instrucción o inducción a discriminar por razón de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia o interfobia”.

Pero sí mantiene las cuestionadas sanciones administrativas por infracciones, clasificadas en leves, graves y muy graves, si bien reduce las cuantías.

De esta forma, plantea que las primeras estén penalizadas con hasta 300 euros y no 3.000; las segundas con hasta 6.000 y no 20.000, y las terceras con hasta 12.000 y no 45.000 y que, a la hora de imponerlas, se tenga en cuenta la capacidad económica del infractor.

Asimismo, disminuye a la mitad los plazos de prescripción de las infracciones leves, graves o muy graves a 3 meses, seis meses y un año, respectivamente, para equipararlos a los de las sanciones.