La Policía registra 17 clínicas de iDental en varias provincias de toda España

La Policía Nacional realizan este viernes registros en 17 clínicas de iDental de toda España a requerimiento de la Audiencia Nacional, han informado a Europa Press fuentes policiales. La inspección se ha realizado en coordinación con la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de la UDEF y la UDEV, además de con Mossos d'Esquadra para los casos localizados en Catalunya.

Los registros también han incluido la sede madrileña de la sociedad de inversión que adquirió iDental, Weston Hill Capital S.L. En una nota de prensa, el tribunal explica que la operación busca “documentación tanto societaria como de historiales clínicos de pacientes, cuyos datos son especialmente sensibles”.

En concreto, se han inspeccionado cinco clínicas en Andalucía (Almería, Cádiz Sevilla, Córdoba y Málaga), otras cinco en la Comunidad valenciana (Valencia, Alicante, Castellón, Elche y Alfafar), tres en Catalunya (Barcelona, Girona y Tarragona), que se suman a los establecimientos examinados en Zaragoza, Gijón, Palma de Mallorca y Murcia.

El magistrado José de la Mata asumió la semana pasada la investigación del presunto fraude masivo de la clínica 'low cost' iDental, después de que al menos 11 juzgados se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional. Los motivos fueron el volumen de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

Se investiga si los hechos denunciados por los clientes de iDental son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El número de perjudicados podría ascender a decenas de miles, según el propio tribunal.

La clínica se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque de forma paralela ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias, mediante las cuales percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios.

Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos”.