Portugal suma contradicciones en su búsqueda de respuestas sobre el incendio

Dos semanas después del devastador incendio de Pedrógão Grande, que causó 64 muertos y más de 250 heridos, la búsqueda de respuestas en Portugal ha dado lugar a un cúmulo de contradicciones sobre lo que sucedió en las primeras horas de la tragedia, cuyas causas no han sido aún esclarecidas.

Aliviada la conmoción inicial, las iniciativas para saber qué ocurrió se suceden: una comisión independiente propuesta por la oposición conservadora, un estudio encargado por el Ministerio de Administración Interna y hasta preguntas directas del primer ministro, António Costa, a los organismos de socorro.

Pero catorce días después los interrogantes, lejos de aclararse, se enredan. Comenzando por el origen de las llamas, que inicialmente fue atribuido por la Policía Judicial (PJ) al impacto de un rayo contra un árbol seco y que posteriormente fue considerado provocado por el responsable de los bomberos portugueses.

Ante el revuelo causado, la Fiscalía portuguesa reaccionó rápidamente abriendo una investigación bajo secreto judicial. A la espera de que lleguen las conclusiones, fuentes de la PJ mantienen, en declaraciones a Efe, que “nada ha cambiado” en lo referido a su posición en este asunto.

Este episodio solo fue el comienzo de las versiones enfrentadas que marcan la búsqueda de respuestas sobre la tragedia, exacerbadas con la mayor de las dudas acerca del suceso: ¿hubo fallos en la actuación de los organismos de emergencia en Pedrógão Grande?

Tres organismos intervinieron aquel sábado 17 de junio de forma decisiva: la Guardia Nacional Republicana (GNR), la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC) y los bomberos, y todos usaban el ahora cuestionado sistema de comunicaciones que coordina las fuerzas de seguridad y emergencia de Portugal, conocido como SIRESP.

Contra el SIRESP ha arremetido la ANPC, que dijo que el sistema falló en las primeras horas de la tragedia y los cuatro días posteriores, impidiendo así que se luchara eficazmente contra las llamas e incluso que se atendieran diversas llamadas de socorro, como reveló su registro de comunicaciones de aquellos días.

Esa suerte de “caja negra” ha agrandado la polémica en el país al dejar constancia de que varias personas llamaron al servicio de emergencia 112 cercadas por las llamas en sus aldeas, sin que la petición de ayuda llegara jamás al puesto de comando.

También ataca al SIRESP la GNR, muy cuestionada por no haber cortado a tiempo la carretera nacional 236, rebautizada en Portugal como “la carretera de la muerte” después de que en ella muriesen 47 personas mientras intentaban escapar del fuego en sus vehículos.

Molestos ante los señalamientos a los uniformados, varios de los cuales han pedido la baja por secuelas psicológicas, la GNR ha alegado una preocupante falta de medios -dos agentes y un vehículo por municipio afectado- y la voracidad de un fuego de intensidad nunca vista.

La alarma sobre el sistema de comunicación, que solo este año costará al Estado portugués 41 millones de euros, se extiende desde el monte luso a las grandes ciudades.

Así lo ha advertido el principal sindicato policial de Portugal, que ha admitido que, si ocurre en Lisboa “una situación compleja de seguridad” en espacios de gran aglomeración, como un centro comercial o un estadio, “es muy difícil que los policías” se comuniquen en el interior de estos recintos.

Pero el SIRESP lo niega todo. Los responsables de esta red de comunicaciones, resultado de una asociación público-privada, afirman que no hubo interrupción en el funcionamiento del sistema y como prueba alegan que recibieron en las primeras horas más de 100.000 llamadas.

Al mismo tiempo, la Secretaría del Ministerio de Administración Interna -que gestiona el SIRESP- ha criticado a la ANPC por no pedir más medios con anticipación suficiente cuando constataron que las llamas tenían una magnitud inusitada, en una especie de devolución de acusaciones.

Se cumplen así dos semanas de preguntas sin respuestas. Quienes están llamados a poner fin a las contradicciones son 12 expertos, que integrarán una comisión técnica independiente acordada por el Parlamento y que no apuntarán responsabilidades hasta, al menos, 60 días después de su conformación.

Mientras, acaba de comenzar la temporada de incendios en el país.