Presentarán una queja en Perú por exculpar a Fujimori del caso de las esterilizaciones

La organización feminista Demus interpondrá una queja ante la Fiscalía de Perú por la exculpación del expresidente Alberto Fujimori en el caso de las presuntas esterilizaciones forzadas durante su gobierno (1990-2000), informó hoy a Efe la representante legal de la institución, Rossy Salazar.

“Vamos a presentar un recurso de queja el martes, antes de que venza el plazo. Lo vamos a presentar ante la Fiscalía”, sostuvo Salazar a Efe.

La Fiscalía de la Nación dio a conocer el viernes que el fiscal peruano Marco Guzmán consideró que no había “elementos probatorios suficientes” sobre la responsabilidad delictiva de Fujimori en las presuntas esterilizaciones forzadas y que en ese caso no se incurrió en “delitos de lesa humanidad”.

La decisión también determinó que no existe responsabilidad en los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong.

En un comunicado, Demus expresó su “indignación” por esta medida, la cual cubre con “impunidad” una de las “más graves violaciones a los derechos humanos” cometidas en Perú.

El fiscal Marco Guzmmán estableció que sí existen elementos de que hubo violación de derechos humanos porque “en algunos casos” las esterilizaciones afectaban “la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza”.

La Fiscalía reabrió la investigación en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indicó que el número de mujeres afectadas era muy alto y por lo menos una de ellas había muerto a consecuencia de esas prácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.

“Dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento”, señaló el comunicado de Demus.

Aunque no se tiene un número preciso, organizaciones civiles aseguran que unas 1.500 mujeres fueron intervenidas sin su consentimiento, mientras que el Defensor del Pueblo de Perú registró en total 18 víctimas mortales de esas supuestas prácticas.