El Principado dice que actuó para cumplir las sentencias sobre el menor en acogida

Los servicios sociales del Principado actuaron “siempre” con el objetivo de cumplir “con las máximas garantías” para el menor las sentencias dictadas en torno al niño de cuatro años que ha sido devuelto a su madre biológica tras dos años y medio en régimen de acogida con una familia valenciana.

Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, que ha mostrado además el “respeto” del Gobierno por las decisiones de los tribunales por lo que ha rechazado comentar el contenido de la sentencia que obligó a la devolución del niño a su madre.

Martínez ha recordado que el caso sigue en los tribunales dado que la familia preadoptiva recurrió al Supremo la resolución de la Audiencia Provincial de Asturias y ha subrayado que todas las actuaciones del Principado han estado enmarcadas “en el cumplimiento estricto de las sentencias que van adquiriendo firmeza”.

En este sentido, ha apuntado que la sentencia de la Audiencia Provincial exige que la Consejería de Servicios Sociales realice una tarea de seguimiento del niño tras su regreso al domicilio de su madre en Oviedo “que ya se ha iniciado” y ha subrayado que ése es “el empeño y el cometido” de la administración autonómica “sin entrar en otros pormenores”.

La madre biológica del niño, María José Abeng, de 19 años y que lo tuvo cuando tenía 15 años y residía en un centro de acogida, criticó ayer la actuación de los servicios sociales de la comunidad autónoma al no haberle permitido quedarse con su hijo y apostar en todo el momento porque el menor fuese adoptado por otra familia al considerar que la joven no estaba preparada para atenderlo.

La sentencia de la Audiencia Provincial considera “sorprendente” que los servicios sociales optaran cuando el niño apenas tenía un mes por restringir el régimen de visitas de la madre y suspender las de otros familiares pese a que ésta había solicitado aumentarlo.

Según la resolución judicial, la decisión de separara a la madre del recién nacido se adoptó desde el primer momento “sin que conste se barajaran otras opciones que posibilitaran o propiciaran la relación madre e hijo” ni se atendiese su solicitud de que ambos fuesen reagrupados en un mismo centro.

La sentencia considera que la joven planteó todos los recursos que pudo para no perder a su hijo, “solicitó ayuda y asumió culpas por conductas disruptivas” por lo que “sorprende” que desde la administración no se procurasen los medios para alcanzar “esas actitudes que la administración” dice que faltan y, posteriormente tras constatar su éxito o fracaso “haber tomado una decisión”.