La Procuraduría exige revocar una norma que afecta a indígenas sin reserva en Brasil

El Ministerio Público de Brasil exigió este martes la “inmediata revocación” de una norma del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro que prohíbe a funcionarios del Estado prestar asistencia en tierras ocupadas por indios que no han sido reconocidas oficialmente como reservas indígenas.

En una recomendación enviada a la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai), el Ministerio Público Federal de Brasil y la Defensoría Pública de la Unión exigieron que el organismo responsable por la política indigenista del país “garantice la prestación de todos los servicios a las comunidades aunque sus tierras no hayan sido regularizadas”.

“Es responsabilidad primordial de la Funai atender a los indios independiente del estatus de sus territorios”, advirtió la Procuraduría en el documento, que publicó integralmente en su página en internet.

De acuerdo con el organismo de fiscalización, al no permitir que sus funcionarios ingresen a tierras indígenas no regularizadas, la Funai impide el normal funcionamiento de 119 grupos constituidos precisamente para analizar las reivindicaciones de comunidades indígenas para que sus tierras sean reconocidas, delimitadas y convertidas en reservas.

La nota agrega que esos grupos “están en mora hace más de 26 años” por no haber cumplido disposiciones transitorias de la Constitución de 1988 que daban un plazo de cinco años para que el Estado regularizara todas las reservas indígenas del país.

Pese a que las actuales reservas se extienden por el 13 % del territorio brasileño, actualmente existen en Brasil 236 procesos para regularizar nuevas reservas y 400 reivindicaciones de otros grupos para que los territorios ancestrales sean reconocidos, delimitados y regularizados.

De acuerdo con organizaciones de defensa de los derechos de los indios, la cuestionada directriz de la Funai deja a miles de indígenas sin protección ni asistencia del Estado, incluyendo a varias etnias que viven de forma aislada y sin contacto con la “civilización”.

Según la Procuraduría, la asistencia a los indígenas independiente de su situación está prevista tanto en la Constitución de Brasil como en declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscritas por el país.

El Ministerio Público estableció un plazo de cinco días para que la Funai cumpla las recomendaciones sin que sea necesario iniciar procesos por responsabilidad civil, criminal y administrativa.

La petición del Ministerio Público supone otro revés a la política indigenista de Bolsonaro ya que la Corte Suprema de Brasil suspendió en agosto pasado el decreto con el que el líder ultraderechista intentó transferir todas las decisiones sobre la demarcación de reservas de la Funai al Ministerio de Agricultura, que es comandado por políticos vinculados a latifundistas.

Desde que asumió su mandato, el 1 de enero pasado, Bolsonaro ha dicho que no pretende delimitar nuevas tierras indígenas y que pretende legalizar la minería artesanal en las reservas debido a que, en su opinión, los indios tienen que ser considerados ciudadanos brasileños como todos los demás, con derecho a aspirar al progreso, y no pueden ser mantenidos atrasados en sus aldeas.

Para Bolsonaro, las demarcaciones de reservas indígenas hacen inviable el crecimiento del agronegocio en Brasil.

Para el director de Survival International, Stephen Corry, las actuales invasiones y ataques a reservas en Brasil son fruto de la retórica antindigenista de Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que cuenta con el respaldo de los grandes hacendados.

“Esos ataques son incentivados por la retórica y las acciones de Bolsonaro contra las comunidades indígenas y el medioambiente a un nivel que no veíamos hace 50 años”, asegura Corry.