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Protestan en Chile para exigir que se garanticen los derechos de los ancianos

Protestan en Chile para exigir que se garanticen los derechos de los ancianos

EFE

Santiago de Chile —

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Centenares de personas se manifestaron hoy al frente del Palacio La Moneda, sede del Ejecutivo, por la situación de los adultos mayores de Chile, con el propósito de que el Gobierno garantice los derechos a la tercera edad.

La segunda “Marcha de los bastones” en lo que va de este año, arrancó en el Paseo Ahumada, en pleno centro de la capital chilena, y finalizó en la sede del Ejecutivo, para denunciar nuevamente “el maltrato y abandono permanente de la tercera edad”.

El movimiento social Aquí la Gente, el Frente Nacional de Ciegos por la Inclusión y la Mesa Social del Adulto Mayor, convocaron este sábado a la protesta familiar para exigir el cumplimiento de las leyes de inclusión y la extensión de la tarifa preferencial del transporte público a todos los ancianos.

Los manifestantes también abogaron por pensiones más justas y “una vejez digna” para los chilenos, en una caminata que se realizó por una céntrica calle de Santiago, en la que se vieron pancartas, banderas y lienzos.

Los ciudadanos chilenos están obligados por ley a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

Actualmente, el 90,75 % de los jubilados de Chile recibe pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (unos 233 dólares); casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país suramericano.

La pensión que reciben los retirados está determinada por la fluctuación de los mercados y el rendimiento de los fondos depositados mensualmente en las AFP, que representan un 10 % del sueldo.

Desde hace un par de años, miles de chilenos se manifiestan para exigir el término de las AFP, lo que derivó en un anuncio del Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet para aumentar la tasa de cotización de los trabajadores de un 10 % a un 15 %.

El diferencial de 5 % sería pagado por el empleador, según explicó el Ejecutivo en 2017, y se dividiría en dos partes para engrosar un pilar de ahorro colectivo y además aumentar las pensiones.

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