Recuerdan a los jóvenes 5 meses después de su desaparición y siguen las detenciones

Tal como sucede cada día 26 desde hace cinco meses, miles de ciudadanos se manifestaron este jueves para exigir justicia y verdad por la desaparición de 43 estudiantes en México, un caso por el que continúan produciéndose detenciones, pese a que el Gobierno mexicano ya presentó sus conclusiones.

Con las calles de varias ciudades llenas, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó en un comunicado de la detención de un expolicía de Iguala, quien habría participado en el asesinato del estudiante Julio César Mondragón, que fue encontrado muerto el 27 de septiembre con la cara desollada.

El detenido, identificado como Luis Francisco Martínez, habría participado también en el ataque al autobús en que viajaba el equipo de fútbol infantil de Los Avispones, suceso por el que murió un niño, el conductor y la pasajera de un taxi que pasaba cerca.

Un total de seis personas fallecieron en los ataques policiales perpetrados la noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), las tres mencionadas y tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Mondragón, compañero de los 43 estudiantes que desaparecieron esa noche, fue encontrado al día siguiente y el esclarecimiento de su muerte era una de las principales exigencias de los padres, que no acaban de creer la versión oficial.

Según ésta, los jóvenes fueron secuestrados y entregados por policías locales a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Por este caso hay detenidas cerca de un centenar de personas, la mayoría ex servidores públicos como el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, quienes trabajaban a las órdenes del narcotráfico.

Pese a que en su última declaración sobre este caso el fiscal general, Jesús Murillo, dijo que tenía suficientes “pruebas científicas” para asegurar que los jóvenes están muertos, varias organizaciones han expresado sus dudas, entre ellas el equipo de peritos argentinos que colaboran en la investigación a petición de los padres.

Expertos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitarán México el próximo mes para investigar posibles irregularidades en las pesquisas.

Los padres volvieron a participar en una marcha en la capital mexicana, del Monumento a la Independencia a la residencia presidencial de Los Pinos.

Allí se celebró un mitin en que los familiares de los estudiantes exigieron una vez más su aparición con vida y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.

“Seguiremos con la frente en alto, con dignidad y luchando inclaudicablemente. No daremos ni un paso atrás, pese a la represión que sufrimos y al Ejército, que nos asedia en Guerrero”, declaró el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, cuyo discurso fue sofocado por los gritos de los manifestantes de “¡Fuera Peña!”.

En declaraciones a Efe, Rosales afirmó que “la Procuraduría está intentando establecer el cierre del caso” pese a que “hay muchas lagunas que deben ser esclarecidas”.

Aun así, reconoce un hilo de esperanza para que la investigación continúe con la llegada a México de la CIDH el próximo 1 de marzo.

Mario, padre de uno de los desaparecidos, se refirió a la represión policial que se vivió en una marcha de miles de maestros en el puerto de Acapulco el pasado martes, en la que murió una persona y una docena resultaron heridas.

“Estamos aprendiendo qué clase de Gobierno tenemos; hemos visto todo lo que es capaz de hacer”, sentenció.

La mayoría de los manifestantes el martes eran miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), que se han sumado a la lucha por el caso de los 43 desaparecidos.

En un mitin realizado en Acapulco exigieron al Gobierno “la investigación y el castigo” por la muerte del maestro jubilado Claudio Castillo, de 65 años, quien es “un ejemplo de lucha a seguir”, dijo un portavoz de los maestros.

Según el Gobierno federal, la causa de su muerte fue atropellamiento, pero los maestros dicen estar convencidos de que falleció por golpes de policías federales.

Los maestros denunciaron además la desaparición de 12 de sus compañeros y la violación de cuatro mujeres tras el enfrentamiento del martes.

Al concluir la marcha en la capital mexicana, el Gobierno local reportó que los manifestantes fueron unos 3.500, que estuvieron resguardados por unos 2.500 policías que no realizaron detenciones.

Por la noche el Instituto Nacional de Bellas Artes informó que presentó una denuncia penal “contra quien resulte responsable” por daños al Monumento a la Independencia, que según medios locales fue objeto de pintadas por parte de manifestantes.