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Ribera niega que haya empresas “amenazadas” por la reforma de la Ley de Costas

La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, interviene en la sesión de control al Gobierno.

EFE

Madrid —

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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha negado que haya “empresas amenazadas” por los cambios de la Ley de Costas, una reforma que, según ha denunciado este miércoles el PP en el Congreso, podría afectar a “más de cien” instalaciones y “más de 5.000 edificaciones solo en Galicia”.

El diputado Joaquín García Díez, del PP, ha acusado en el Pleno del Congreso a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de elaborar un borrador de reglamento que supone “una amenaza a las conserveras, piscifactorías y granjas marinas”.

Ribera ha reprochado las declaraciones del PP por “generar miedo a unas conserveras que no tienen ningún tipo de problema respecto a la aplicación de la ley de Costas”.

“Entiendo que estamos en campaña y eso hace que forcemos los argumentos en algunos casos mas allá de la realidad llegando a la mentira”, ha añadido la ministra.

García Díez, por su parte, insistió en la retirada del borrador de reglamento tras exigir diálogo y consenso y denunciar “la amenaza de viabilidad” de muchas empresas en el litoral, obligadas a “trasladarse desde la costa al interior o renovar concesiones por plazos ridículos de menos de un año”.

“No hay empresas amenazadas, la gran incertidumbre, la gran amenaza es fruto de un desafuero en el cambio de la normativa en la Ley de Costas”, ha asegurado Teresa Ribera.

Ha lamentado “la incertidumbre” de una Ley de Costas “inconstitucional” del año 2013, del reglamento de Costas “ilegal” de 2014 y de “ese desafuero que significan los impactos del cambio climático en nuestro litoral”.

Como ejes de trabajo en este ámbito de su Departamento, la ministra ha destacado en primer lugar, “cómo aplicar aquello que quedó como un marasmo de confusión” tras las leyes fallidas del PP.

En segundo lugar, “una lectura positiva de la prórroga de las concesiones vigentes, para mantener esas instalaciones (en el litoral) por el tiempo máximo que permite la Constitución y la Ley”.

Y por último, tratar de modificar el reglamento de la Ley de Costas para convertirla “en lo que siempre debió ser, la protección del litoral”, sin generar inseguridad.

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