La SIP confía en que la demanda reabra debate en Ecuador sobre la “ley mordaza”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró hoy su confianza en que la demanda por inconstitucionalidad admitida a trámite por la Corte Constitucional de Ecuador “reabra el debate” sobre una ley de comunicación considerada una “mordaza” por amplios sectores periodísticos.

La SIP, con sede en Miami, señaló en un comunicado que confía en que esta demanda por “inconstitucionalidad” sirva además para que el país debata sobre una legislación que utiliza el Gobierno ecuatoriano para “censurar las voces independientes y críticas”.

La demanda, explicó este organismo, fue presentada en septiembre pasado por 60 personas, entre políticos, exjueces, diputados, periodistas y escritores, con el argumento de que contraviene disposiciones de la Constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que este giro “abre esperanzas de que en Ecuador se recapacite sobre una legislación que se ha erigido como un bozal para la prensa y periodistas independientes y críticos y que incentiva la autocensura por temor a las represalias económicas y penales”.

Esta demanda contiene 23 impugnaciones. Reclama irregularidades en el proceso de aprobación de la ley en el Congreso, que se defina la información como “servicio público”, lo que no contempla la Constitución, y acusa al Gobierno ecuatoriano de arrogarse el poder inexistente de regular “el ejercicio de los derechos de la comunicación”.

Si bien la Sala Constitucional aceptó a trámite la demanda, rechazó suspender su aplicación mientras dure este proceso. En julio de 2013, la Corte había admitido otra demanda de inconstitucionalidad en la que se impugnaron 52 artículos de la ley.

Por otra parte, Paolillo indicó que la SIP sigue de cerca el proceso contra el periodista Fernando Villavicencio, cuya condena a 18 meses de prisión fue ratificada la semana pasada por el delito de injuria judicial contra el presidente venezolano, Rafael Correa.

Para la SIP “y otras instituciones afines”, esta ley de comunicación fue concebida para coartar la libertad de prensa y blindar al Gobierno ante las críticas“.