La Sala Constitucional avala el tope de 3.700 dólares a las pensiones en Costa Rica

La Sala Constitucional de Costa Rica avaló hoy un tope a las pensiones en Costa Rica, de 3.700 dólares mensuales, una medida que impulsa el Gobierno como parte de las acciones para recortar el gasto público y enfrentar el déficit fiscal.

La Sala Constitucional informó en un comunicado que resolvió “sin lugar” una serie de recursos presentados por personas jubiladas en contra de la aplicación de una ley que establece el tope a las pensiones desde 1998, pero que no había sido aplicada sino hasta el año 2014.

En 2014, el Gobierno del entonces presidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) emitió una directriz basada en la ley de 1998, mediante la cual estableció un límite para eliminar las popularmente llamadas “pensiones de lujo”, que son pagadas con el presupuesto del Gobierno.

Los magistrados determinaron que el tope se aplicará a las pensiones posteriores a 1998, año en que fue emitida la ley.

Este máximo es de 10 salarios mínimos de la administración pública, equivalente a un total de 2,3 millones de colones mensuales (unos 3.700 dólares al tipo de cambio actual), que tocaría a cerca de 900 personas que en la actualidad reciben pensiones superiores a ese monto.

“La Sala está diciendo que la decisión es conforme a la Constitución, siempre lo creímos así y nos alegra muchísimo que nuestro máximo tribunal de constitucionalidad lo confirme”, dijo en una declaración a los medios el jefe de la bancada del oficialista Partido Acción Ciudadana en el Congreso, Víctor Morales, quien impulsó el tope a las pensiones como ministro de Trabajo en 2014.

El pasado 18 de octubre, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, acudió a una audiencia en la Sala Constitucional para solicitar a los magistrados el aval al límite a las pensiones más altas.

Ese día, el mandatario señaló que “la situación crítica de las finanzas públicas hace insostenible mantener estos privilegios”.

Con este límite, el Gobierno pretende ahorrar alrededor de 20 millones de dólares anuales.

El tope a las pensiones con cargo al presupuesto forma parte de una serie de medidas para bajar gastos y paliar el déficit fiscal, que en 2017 fue del 6,2 por ciento del PIB, así como la deuda que ronda el 50 por ciento del PIB.

El Gobierno de Alvarado también impulsa una polémica reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso en primer debate el pasado 5 de octubre y que en la actualidad se encuentra en estudio de la Sala Constitucional.

Del fallo de la Sala dependerá si los diputados pueden efectuar la segunda y definitiva votación.

El pasado 10 de septiembre, los sindicatos del país iniciaron una huelga contra la reforma tributaria, pero perdió fuerza con el pasar de los días y en la actualidad solo mantienen el movimiento trabajadores del sector educación.