Sanidad fija “la línea roja” para votar con discapacidad en la capacidad de discernir

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, considera que el derecho a voto de las personas con discapacidad debe ser la norma general y no la excepción y que “la línea roja” para ejercerlo sea la capacidad de discernir de estas personas.

“Queremos que la ley se revierta, que sea norma general que las personas con discapacidad puedan votar y la parte exclusiva que no puedan votar. Ahora es al revés. Tengo claro que el límite y la línea roja es la capacidad de discernimiento que tenga esa persona”, ha asegurado en declaraciones a Efe.

No obstante, la responsable de Servicios Sociales ha explicado que la reforma de la ley electoral anunciada por el Gobierno debe alcanzarse con el consenso de todos los grupos políticos y tras el análisis en la Comisión de Discapacidad del Parlamento.

Dolors Montserrat ha defendido la necesidad de esa reforma por las recomendaciones realizadas desde Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General respecto a la actual ley, que priva del derecho de sufragio a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que se les ha incapacitado judicialmente.

“Lo que queremos es que votar sea la norma general y que esté regulada la excepción”, ha dicho Montserrat, quien ha propuesto definir “entre todos dónde está la línea roja del discernimiento que marca que no tiene capacidad y por tanto no podrá votar”.

La ministra ha destacado la importancia del trabajo que realice esa comisión, que tiene carácter legislativo, donde comparecerán “todos los agentes implicados para explicar cuáles pueden ser las líneas rojas, por dónde avanzar para que sea una ley hecha desde el consenso y el diálogo y aprobada por unanimidad”.

“Las leyes sin unanimidad y sin consenso no valen para nada y cuestan mucho que funcionen. Estamos hablando de un derecho subjetivo que requiere consenso y la explicación de todas las partes”, ha insistido.

Montserrat ha indicado que el Gobierno no va a presentar un anteproyecto “sin escuchar a todo el mundo” y por el momento no ha fijado plazos para llevar a cabo la reforma.

“Todos somos iguales pero con capacidades distintas; si alguien con una capacidad distinta, por ejemplo síndrome de Down, tiene las capacidades necesarias para trabajar en este Ministerio, también puede votar”, ha concluido.

El Tribunal Constitucional ha evitado pronunciarse sobre el tema al no haber admitido a trámite un recurso que presentó el fiscal para que estudiara la situación de una mujer gallega, que tiene reconocida una incapacidad intelectual, a quien el Supremo le había negado ese derecho y dictara de ese modo doctrina para futuros casos.

Tras ese auto del TC rehusando a dictar doctrina, las organizaciones de la discapacidad han confiado en que con la reforma de la ley electoral anunciada por el Gobierno se eliminen las discriminaciones.