La justicia tumba la denuncia de Cospedal contra un articulista reconociendo su “libertad de expresión”
La justicia ha archivado la denuncia iniciada por la ministra de Defensa contra el exteniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura por un artículo de opinión titulado Los homicidios de Morenés y la cúpula militarLos homicidios de Morenés y la cúpula militar que apareció en Público sobre la muerte de cuatro militares en un accidente aéreo. Cospedal emitió un escrito al fiscal general del Estado al considerar que la tesis defendida por el denunciado podría “revestir caracteres de un delito contra el honor” de su antecesor, Pedro Morenés, y diversas autoridades militares.
La magistrada del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al considerar que “la conducta del autor estaría justificada por hallarse dentro del ámbito de las libertades de información y expresión”, recoge el auto al que ha accedido eldiario.es.
“Si bien pueden ser consideradas un exceso verbal, sin embargo no revisten la condición de gravedad”, incide la magistrada, que considera que estas argumentaciones “se vierten en un contexto de crítica a la actuación del ministro en relación con las investigaciones de los accidentes de los helicópteros ocurridos”. La jueza también contempla en el auto que esta decisión pueda ser recurrida.
El artículo de opinión fue publicado en marzo del año pasado. En él, Segura decía que Pedro Morenés, la cúpula militar, la CITAAM (Comisión que investiga los accidentes), la Fiscalía Militar y el Juzgado Togado nº52 de Las Palmas “deberían ser juzgados por homicidio múltiple”. En alusión al accidente de 2014 en el que fallecieron cuatro tripulantes del helicóptero de servicio aéreo de rescate al precipitarse la aeronave al mar entre Gran Canaria y Fuerteventura.
Sobre este suceso, asegura que estos militares pudieron haber muerto “por una evidente negligencia, por el estado cochambroso de los helicópteros, por la canalibalización (sic) de piezas, por la negligencia e incompetencia de la cúpula militar”, continuaba. “Tienen sangre en sus manos, como mínimo, porque esta organización lleva años operando de la misma manera”, incidía sobre las autoridades castrenses, a las que llega a definir como “organización mafiosa”.
La magistrada defiende en el auto de archivo, emitido el 23 de febrero, que la jurisprudencia del Supremo declara que la libertad de expresión “tiene la garantía esencial de un Estado en el que se reconoce a la libertad y al pluralismo político”, y que “no puede excluir el derecho a expresar las ideas y convicciones cuando éste aparezca como un interés preponderante sobre el honor, particularmente cuando se trata de la formación de la opinión pública en cuestiones político-estatales y sociales”.
Días después de la publicación del artículo, la ministra de Defensa emitió una denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias a funcionarios públicos al fiscal general del Estado. En el escrito, firmado por la propia Cospedal el pasado 31 de marzo, asegura que en el artículo “se vierten expresiones de carácter objetivamente insultantes y denigratorias hacia el anterior ministro de Defensa y diversas autoridades militares, las cuales pudieran revestir caracteres de un delito contra el honor, perseguible de oficio”. Acompañó este documento de una copia del artículo y un informe de la asesoría jurídica del Ministerio.
Estos letrados hicieron un recorrido por la carrera del exteniente, recordando que fue sancionado con una falta muy grave y posteriormente expulsado por “realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores”. En este análisis, recuerdan que en 2016 ya se refirió a Morenés como “cobarde”, “infame” y “miserable”. Y reseñan que en ese caso el Ministerio Fiscal consideró que esa conducta “estaría justificada por hallarse dentro del ámbito de las libertades de información y de expresión”.
En relación a la causa iniciada por la ministra, la Fiscalía Provincial de Madrid acordó en mayo remitir la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal al juzgado decano de Madrid. En septiembre, la magistrada del juzgado de instrucción citó a declarar al exteniente y acordó la admisión a trámite y la incoación de diligencias previas. También determinó en el mismo auto que se pusiese en “conocimiento del diario Público la existencia de la presente querella”. Finalmente, la magistrada ha decretado el archivo de las actuaciones. Aunque esta decisión puede ser recurrida.
“Me siento acosado por el sistema, es una situación que demuestra hasta qué punto se persigue y se maltrata los denunciantes de corrupción”, incide Segura sobre la causa iniciada por Cospedal. El exteniente llegó a hacer una huelga de hambre en 2014 tras ser detenido, y en los últimos meses se había convertido en una de las caras visibles de la Plataforma por la Honestidad, una organización que promueve la aprobación de una ley que proteja a los denunciantes de casos de corrupción, y que les blinde ante las posibles consecuencias por sus revelaciones.
