Save the Children y Unicef valoran ampliar la prescripción delitos sexuales

Save the Children y Unicef han valorado que se amplíe la prescripción de los delitos sexuales contra los menores -ahora a partir de los 18 años- para abrir el plazo a los 50 años y que exista la obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión a un niño.

Son algunas de las medidas que incluiría el anteproyecto de la ley de protección a la infancia, que el Gobierno tiene previsto aprobar mañana en el último Consejo de Ministros del año y que establece medidas de sensibilización, preventivas, de detección y de intervención en relación con la violencia hacia los menores.

El texto establece reformas legales, como la del Código Penal para ampliar el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores, porque en la mayoría de los casos que llegan a denunciarse, las víctimas lo hacen en torno a los 35 años.

“Queremos que el plazo comience a contar a partir de los 50 años porque ya deja un tiempo suficiente para que las víctimas puedan denunciar, con los procesos que lleva de superación de temor y vergüenza que son muy complejos”, ha explicado a Efe el director de Save The Children, Andrés Conde.

“Es un escándalo que actualmente hay agresores sexuales confesos que están libres y trabajando con niños porque sus delitos ya prescribieron”, ha lamentado.

El 85 % de esos abusos y agresiones sexuales no se denuncian y los que lo cuentan, lo hacen a partir de esa edad adulta.

“Una persona que ha sufrido abusos o agresión sexual tarda muchos años en identificarlos y en darse cuenta de que él no tuvo la culpa; muchos de los que se animan a denunciarlo es porque ese abusador sigue viviendo con normalidad en su entorno o su familia y no quiere que vuelve a pasar”, añade desde Unicef, Almudena Olaguibel.

Por ello, la especialista en políticas de infancia coincide en destacar como “un gran avance” ampliar ese plazo de prescripción, en línea con otros países europeos. “Muchos de los casos más sangrantes en España de abusos se han cerrado por esa prescripción”, ha insistido la experta a Efe.

La ley establece la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de que un menor esté sufriendo violencia a comunicarlo, garantizando la confidencialidad y el anonimato.

“Los niños por si solos no pueden levantar la voz, es muy difícil que se de cuenta de que lo que le pasa no está bien y que lo verbalice, porque además el que le violenta suele ser una persona de su entorno; deben ser los adultos que están en espacios donde se desarrolla la vida del menor, como la escuela, el deporte o la familia, los que lo detectemos”, explica la experta de Unicef.

“Es fundamental que no se asuste la gente con esta obligación, solo hay que comunicar esa sospecha y toda la maquinaria se pondrán en marcha”, apunta.

Según Conde, en su trabajo con los niños víctimas de violencia han comprobado “que el entorno sabe que está ocurriendo, pero no hacen nada”. “El deber de denunciar a los servicios sociales o a la Policía va a producir que el conjunto de la ciudadanía seamos una red de protección para nuestros niños”.

El anteproyecto, que ha contado con las aportaciones de expertos del ámbito judicial, educativo, sanitario, del Tercer Sector e incluso de representantes de los niños, prevé la creación de juzgados de instrucción especializados en delitos contra la infancia y la adolescencia.

“Es necesario que haya jueces, fiscales y operadores jurídicos que estén formados en temas de infancia; el interrogatorio que se debe hacer a un menor es distinto, el niño no entiende de tiempos y lo revictimizas si preguntas continuamente lo que le ha pasado en un proceso de tres años de su vida”.

Además, ha incidido en la importancia de que “el menor no declare delante de su agresor, que muchas veces es parte de su entorno, como un familiar, un maestro o alguien de su confianza; es difícil declarar contra un adulto que ha sido un referente para él o que lo es para su comunidad”.

“Un niño que ha sufrido una violación tiene que declarar cuatro veces a lo largo de un proceso que dura de media siete años y en varias de esas ocasiones en presencia del agresor; es un hecho más que evidente que debemos cambiar los procesos judiciales que enfrentan los menores”, opina Conde.

La ley también contempla reducir las declaraciones de las víctimas grabando su primer testimonio para que sea presentado como prueba. “Lo deseable es que se haga una grabación en la que el niño cuente toda la historia o haga un dibujo, en una sala con un psicólogo especializado que sea el que le formule las preguntas”, apunta la experta de Unicef.

Según Save the Children, entre un 10 y un 20 por ciento de las personas ha sufrido abusos sexuales siendo niño.

Para Conde, “la clave de la ley es que no es punitiva, sino que intenta evitar que se produzcan episodios de violencia con la creación de entornos seguros educativos, familiares, sociosanitarios, deportivos y de ocio; es la gran aportación, porque va a proteger a los niños”.

Ambos valoran también los protocolos de prevención y atención que deberán tener todos los colegios y la figura de una persona de referencia o responsable de protección cuya actividad será supervisada por las comunidades autónomas.

“La escuela es un lugar inmejorable para detectar esas violencias: si el niño se queda dormido en clase, si va mal vestido o si tiene marcas; es un lugar único para trabajar esa violencia, y debe ser un entorno protector”, indica la especialista.

El director de Save The Children pide además que se incluya educación sexual y afectiva en el currículo escolar. “La medida que más reduciría el abuso y la agresión sexual hacia niños y niñas es hacer que sean conscientes de qué comportamientos son inapropiados e inaceptables; cuando un agresor se acerca a un niño y este le rechaza de plano, la mitad de ellos pararían”.

También la Fundación Anar celebra la aprobación del anteproyecto, ante la necesidad de frenar la violencia hacia los menores, que denuncia, ha aumentado casi un 300 por ciento entre 2009-2016.