La Secretaría de Defensa de México acepta la recomendación del ombudsman por una matanza

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México informó que aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación con la muerte de 22 civiles a manos de militares en junio pasado.

La Sedena precisó en un comunicado que pese a que no comparte algunos puntos de la recomendación, la acepta “por el especial interés de coadyuvar a esclarecer los hechos” del 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, “iniciados a partir de una agresión contra personal militar por parte de presuntos delincuentes que finalmente perdieron la vida”.

“En caso de que algún militar haya incurrido en conductas contrarias a la ley y de las virtudes y vocación de servicio de la dependencia será sancionado conforme a derecho”, indicó.

Al mismo tiempo, añadió, “se velará para que todo militar que por el ejercicio de sus funciones enfrente una investigación penal, tenga un trato digno y un juicio justo, agotando todas las instancias, respetando en todo momento sus garantías constitucionales”.

En un principio, el Ejército informó que 22 civiles fueron abatidos durante un enfrentamiento en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlayam, derivado de un ataque a los soldados.

Sin embargo, dicha versión quedó en entredicho tras el testimonio de una de las mujeres que estuvo en los hechos, quien afirmó que

solo uno de los presuntos delincuentes había muerto en el tiroteo y los demás habían sido asesinados por los militares tras rendirse.

La CNDH, por su parte y luego de realizar su propia investigación de los hechos, señaló que 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros tres que se encontraban heridos fueron asesinados por los militares.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes, algunas de las cuales estaban heridas, fueron asesinadas por tres de los militares que participaron en la operación.

En su recomendación, la CNDH pide a Sedena que gire instrucciones para proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas indirectas, familiares de quienes murieron en Tlatlaya, y se refuerce la capacitación que reciben los elementos de la institución en materia de derechos humanos, entre otros puntos.

El pasado fin de semana un juzgado federal asumió el caso de los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.

A todos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además, a Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides se les acusa de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.