SOS Racismo denuncia que sigue aumentando la xenofobia en las instituciones

La organización SOS Racismo ha denunciado que continúan aumentando, aunque ligeramente, las actitudes racistas en las instituciones encargadas de los trámites de nacionalidad y extranjería, en actuaciones policiales arbitrarias y en la denegación del acceso a la sanidad pública.

La organización recibió en el año 2013 un total de 397 denuncias por discriminación, frente a las 380 del año anterior, según los datos recogidos en su informe anual sobre racismo en el Estado español. La Federación de Asociaciones de SOS Racismo registró en 2013 un total de 397 denuncias de particulares presentadas en las siete oficinas de Información y Denuncia de Cataluña, Aragón, Gipuzkoa, Bizkaia, Asturias, Madrid y Navarra.

Según la última edición del citado informe, la Oficina de Información y Denuncia (OID) de Aragón encabeza la lista por número de denuncias registradas con 154 casos, mientras que la de la provincia de Gipuzkoa se sitúa a la cola del ranking con 13. La OID de Bizkaia ha registrado 86 denuncias, seguida de la de Cataluña (80), Navarra (31), Asturias (17) y Madrid (16).

En una rueda de prensa, el secretario de esta organización, Mikel Mazkiaran, ha instado al Ejecutivo a dejar de estar centrado en la frontera sur y “saltar la valla”, que refleja “el control migratorio”, para empezar a gestionar la inmigración, en vez de centrarse en la extranjería.

“En este país, tenemos a más de una generación de descendientes de inmigrantes a los que les está afectando la crisis y están viviendo una situación de fracaso que si no se gestiona de forma adecuada puede generar problemas”, ha alertado.

Ha reclamado al Gobierno un cambio de la política de inmigración en un momento “inmejorable”, dado que los flujos migratorios han descendido, para evitar el surgimiento de un partido de ultraderecha, como ha ocurrido en otros países europeos.

Mazkiaran ha reconocido que no espera “nada” del nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y ha agregado que no lo ve “cambiando ninguna ley” en periodo preelectoral.

El mayor número de denuncias recibidas por la organización (93) tiene que ver con el “racismo institucional”, que hace referencia a la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la denegación de la nacionalidad por cuestiones “infundadas y peregrinas” como no aportar una copia completa del pasaporte.

El segundo ámbito con mayor número de denuncias (83) está relacionado con las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tales como detenciones “arbitrarias” o insultos.

La denegación del acceso a prestaciones y servicios públicos como el acceso a la sanidad, al empadronamiento o la vivienda pública ocupa el tercer lugar con 68 casos.

SOS Racismo también ha destacado las denuncias por agresiones y conflictos (66), de las cuales 38 fueron por conflictos vecinales, 23 correspondieron a agresiones ocurridas en el espacio público y 5 se produjeron en el ámbito familiar.

La discriminación laboral motivó 47 denuncias, impulsadas en la mayoría de los casos por mujeres inmigrantes de mediana edad, trabajadoras domésticas, a quienes les han prometido un contrato laboral que nunca llega.

Otras 29 denuncias fueron promovidas por la denegación del acceso a prestaciones y servicios privados, como la opción a una vivienda en inmobiliarias, la entrada a locales públicos o la concesión de un préstamo en entidades bancarias.

En cuanto al perfil del denunciante, predominan los mayores de edad (369) frente a los menores (28) y, por género, hay más hombres (263) que mujeres (134).

Los denunciantes proceden, en su mayoría, de África subsahariana, el Magreb y América del Sur.

El secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo ha instado al Gobierno a aportar datos sobre los delitos de odio y sobre los incidentes de racismo y xenofobia.

“Más del 80% de los casos de discriminación no se denuncian”, ha precisado Mazkiaran, quien ha subrayado que existe una diferencia muy grande entre el número de situaciones discriminatorias que padece la población inmigrante y las denuncias que se interponen ante organizaciones sociales y ante instancias policiales o judiciales.