Susana Díaz avanza que el Tribunal Constitucional avala la subasta de medicamentos de Andalucía

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la subasta de medicamentos implantada por la Junta de Andalucía en el 2012, un sistema de compra de fármacos mediante una puja entre laboratorios, ha anunciado la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El anuncio ha sido realizado hoy por la presidenta regional a través de su cuenta de Twitter, en el que ha señalado que el Constitucional ha avalado la subasta de medicamentos de Andalucía, de forma que “pierde el Gobierno del PP, ganan los ciudadanos y la sanidad pública”.

Fuentes del TC han informado a Efe de que la sentencia no está aún terminada pero no se han querido pronunciar sobre dicho fallo.

La subasta se implementó mediante un decreto-ley que modificó la ley de Farmacia de Andalucía, del 2007, y estableció este sistema para determinar los medicamentos genéricos -aquellos que se basan en la molécula química y no en una marca comercial- que obligatoriamente deben dispensar los médicos del sistema sanitario público andaluz.

Según datos de la Consejería andaluza de Salud, este sistema de licitación ha ahorrado ya 413 millones de euros a la factura farmacéutica de la Junta desde la primera subasta, celebrada en junio del 2012, al que hay que sumar el resultado de la última y décima licitación, recientemente celebrada.

Además, el Gobierno andaluz reivindica que esta iniciativa constituye también un elemento distintivo más de su sistema sanitario, tildado por los dirigentes autonómicos -la última, su actual presidenta, Susana Díaz- como la “joya de la corona” de Andalucía.

De hecho, la subasta de medicamentos se blinda en la nueva ley de Sanidad de Andalucía recientemente aprobada por el Gobierno autonómico.

Este sistema de compra de medicamentos ha sido recurrido en varias ocasiones por el Gobierno central, no tanto por el fondo de la cuestión cuanto por considerar que esta decisión invade competencias exclusivas de la Administración central en materia sanitaria y puede generar desigualdades entre las comunidades autónomas.

Pero varios recursos del Ejecutivo central que pedían la paralización, al menos cautelar, de estas subastas, han sido rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el último, en noviembre del 2015, por considerar que la comunidad autónoma es competente para adoptar “medidas tendentes a racionalizar la prescripción racional de medicamentos”.

Organizaciones empresariales del sector farmacéutico y de las oficinas de farmacia también han cuestionado esta subasta, por considerar, entre otras cuestiones, que limita la libertad de mercado, causa desabastecimientos de fármacos y distribuye medicamentos de baja calidad.