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El Tribunal Constitucional de Perú ratifica la Ley Universitaria aprobada en 2014
El Tribunal Constitucional de Perú ratificó hoy la Ley Universitaria aprobada en 2014 al declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad y las críticas de rectores que consideran que viola la autonomía universitaria.
La sentencia consideró que el plazo de adecuación de cinco años establecido comienza a computarse desde el momento de la publicación de la ley en el diario oficial El Peruano.
La resolución consideró “idónea” la creación de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), organismo adscrito al Ministerio de Educación, para supervisar la calidad del servicio educativo universitario, otorgar licencias de funcionamiento a centros educativos y fiscalizar los recursos.
“Entre las funciones asignadas a la Sunedu no es posible encontrar alguna que pueda resultar contraria a la autonomía universitaria. Mas bien, es posible sostener que la creación del referido organismo da cumplimiento a lo señalado por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia”, indicó.
La Ley Universitaria, aprobada el 26 junio de 2014 por el Congreso y promulgada por el presidente Ollanta Humala el 8 de julio de ese año, establece, además, normas para la creación, el funcionamiento, la supervisión y el eventual cierre de instituciones de educación superior en Perú.
La ley generó polémica con la Asamblea Nacional de Rectores, que la rechazó porque, en su opinión, viola la autonomía universitaria y la considera inconstitucional.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, expresó hoy en un comunicado su satisfacción por el fallo del Tribunal Constitucional al considerar que avala “el rol rector del Estado para garantizar la calidad del servicio educativo”.
“La sentencia pone fin a cualquier cuestionamiento, por lo que todas aquellas universidades que aún se resisten a acatarla deberán cumplirla bajo las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan”, advirtió Saavedra.
El ministro lamentó que se haya presentado un proyecto de ley que permita alargar el periodo del mandato de que aquellos rectores, vicerrectores y decanos que desobedecen la Ley Universitaria al resistirse aún a convocar nuevas elecciones.
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