El Tribunal de Cuentas insta al Imserso a abrir sus ofertas de contratos a más empresas

El Tribunal de Cuentas insta al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a promover la concurrencia y tener en cuenta a más empresas a la hora de adjudicar contratos menores, es decir, aquellos que son inferiores a determinadas cantidades.

Lo hace en un informe de fiscalización de contratación menor del Imserso correspondiente a 2014 y 2015, en todas sus fases, desde la preparación y adjudicación, a la ejecución y extinción.

El Tribunal de Cuentas ha detectado contratos menores con un importe mayor que el que prevé el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público “por lo que debieran haber sido adjudicados a través de otro tipo de procedimiento con garantías de publicidad y concurrencia”.

Se trata de contratos de obras -inferiores a 50.000 euros- y de servicios y suministros -menores de 18.000-, entre otros, de los que “existen indicios”, según el Tribunal, de que el Imserso los fraccionó y adjudicó en “la mayor parte de los casos” a la misma empresa, por lo que el importe conjunto superó el máximo legal.

“En lugar de proceder a la celebración de distintos contratos menores, se hubiera efectuado una contratación única por el importe conjunto de las prestaciones, a través del procedimiento establecido para cada caso, lo que, además, hubiera contribuido a dotar de una mayor publicidad y concurrencia a la contratación”, subraya en el informe.

El Tribunal recomienda al Imserso “promover la concurrencia y solicitar ofertas a varias empresas, cuando las circunstancias de un contrato -y especialmente su cuantía- así lo aconseje”, de esta forma, al existir mayor competencia, “podrían obtenerse mejores condiciones económicas”.

“En estos casos sería conveniente, asimismo, que, en virtud del principio de transparencia, se dejara constancia formal de las actuaciones que se hubieran llevado a cabo en la fase preparatoria de la contratación”, apostilla el organismo.

Asimismo, aconseja que aumente los controles de los expedientes para garantizar el cumplimiento del procedimiento establecido para la ejecución del gasto público, “en aras de una mayor transparencia del procedimiento”.

En este sentido, afirma que aunque los expedientes cumplen con la normativa le sugiere que los complete añadiendo “la justificación de la necesidad de contratar, la adecuación de la oferta al precio general del mercado y la comprobación de los requisitos de capacidad y solvencia del adjudicatario”.

Por último, también le propone incrementar los controles informáticos internos “en aras de garantizar el adecuado tratamiento de la información que contienen las bases de datos de la contratación menor celebrada”.