El Tribunal de Cuentas carga contra las universidades en plena guerra entre los rectores y el Gobierno
Duro ataque del Tribunal de Cuentas a la universidad. En pleno enfrentamiento del Ministerio de Educación con las universidades por los últimos cambios normativos, el órgano de control ha publicado un informe en el que acusa a los centros públicos –a todos en el mismo saco, en genérico– de haber creado entidades con el fin “deliberado” de eludir los controles internos, de estar sobredimensionadas en cuanto a sus plantillas, no controlar adecuadamente su actividad, no ser transparentes en su gestión y tener un gran déficit. El tribunal recomienda a los centros públicos que refuercen sus controles internos y creen la figura del interventor.
Los rectores agrupados en la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) no entraron a analizar el informe de manera oficial. Algunos de los que se han pronunciado, como los rectores de las universidades de Salamanca, Valladolid o León han afirmado cumplir con la normativa. De manera más oficiosa, el texto ha caído bastante mal en buena parte de la comunidad universitaria, que lo ve como un ataque a la universidad.
“El tribunal se mete en ciertos aspectos de los que no sé si sabe mucho. Algunos puntos suenan a la misma letra y la misma música” que los cambios normativos que ha aprobado y prepara el Gobierno. Así resume el sentir de muchos Ramón Sans, responsable de Universidad de FETE-UGT y exvicerrector de la Universidad Politécnica de Catalunya. El consejo del Tribunal está compuesto por 12 miembros, siete de ellos propuestos por el PP y cinco por el PSOE, uno de acuerdo con IU.
El informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2012, fiscaliza la actividad de 51 universidades públicas, 47 presenciales, dos no presenciales (la UNED y la Oberta de Catalunya) y otras dos especiales como la Internacional Menéndez Pelayo y la Internacional de Andalucía. Y aparece justo en medio de una gran confrontación entre el Ministerio de Educación y las universidades, que han decidido que desoirán durante tres cursos el decreto con el que el departamento que dirige José Ignacio Wert modificará la estructura de los grados.
Sin mucha precisión
El Tribunal de Cuentas dice haber detectado “la existencia de, al menos, 574 entidades dependientes o vinculadas a la Universidad Pública, en su mayor parte fundaciones o sociedades”. Y afirma que los centros “no tienen un inventario actualizado de los entes en los que participan” ni de “las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes”.
Por eso, concluye que la creación de estas entidades “no siempre ha respondido a nuevas necesidades o la racionalización de la gestión, sino que responde, en ocasiones, a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión” para “poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones”. Sin embargo, toda la precisión de la que hace gala el informe a la hora de contabilizar los centros desaparece para concretar cuántos casos corresponden a maniobras elusivas de control, más allá de ese “en ocasiones”.
Un poco más preciso, aunque no mucho, es el Tribunal cuando afirma que “en la mayoría de los supuestos” se observan “deficiencias” en la vigilancia de estos entes al quedar exentos “de cualquier control ejercido por las universidades”. “En el mejor de los casos son objeto de un informe de auditoría de cuentas y sin que las cuentas de varias de esas entidades sean rendidas adecuadamente”, sostiene el informe.
Por ello, el Tribunal recomienda que se contabilicen las entidades dependendientes y se refuerce su control y se plantee la creación de la figura del interventor. Sans no acaba de ver clara esta propuesta. “Si todo funcionase, las universidades tienen un interventor muy importante, que es el Consejo Social”, explica. Este órgano reúne a representantes de todos los sectores sociales de cada Comunidad Autónoma, desde los Gobiernos regionales hasta la propia universidad, pasando por empresarios y sindicatos, y entre sus funciones está la de fiscalizar las cuentas. “Si pones un interventor, quita los Consejos Sociales”, sostiene Sans.
“Reducir órganos colegiados”
Algo parecido sucede con la recomendación del Tribunal de Cuentas de “simplificar y reducir los oganos colegiados”, como el Consejo de Gobierno, las Juntas de centro o los Consejos de Departamento. “No sé si el Tribunal sabe mucho de lo que habla”, explica Sans. “Estos órganos no cuestan dinero porque están formados por gente de la propia universidad que no cobra por estar en ellos”, añade. Profesores, estudiantes, personal de administración y servicio componen estos órganos decisorios, cada uno a su nivel.
El Tribunal también señala que las universidades públicas tienen un déficit de 620 millones de euros. “Esto es un hecho”, admite Sans. “Pero el déficit puede venir porque se gasta mucho o porque se ingresa poco”, matiza. “Quizá el déficit no es por un despilfarro enorme sino porque se aprueban cosas que no deberían aprobarse —tantos grados y máster—. Si queremos hacer una universidad pública de calidad, con investigación de calidad, habrá que financiarla. La investigación es cara, sobre todo la básica que no tiene retorno a corto o medio plazo”, argumenta. Un informe de CC OO señalaba recientemente que la universidad pública ha perdido 1.500 millones de euros de inversión de las administraciones en los últimos cuatro años.
