El Tribunal Supremo de EE.UU. acepta estudiar un polémico caso sobre el aborto

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado considerar uno de los casos más controvertidos de los últimos años relativo al aborto, sobre el que debe pronunciarse antes de junio de 2016, informó hoy la máxima corte del país.

Bajo la lupa de los jueces estará una conflictiva ley del estado de Texas, promulgada en 2013 y que provocó el cierre de la mitad de las clínicas donde se practicaban abortos, con la consecuente merma de los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente de las más pobres, según varias organizaciones.

A partir de febrero próximo, el tribunal revisará el polémico caso tejano, aunque desestimó tratar otra apelación similar que había sido solicitada desde el estado de Misisipi.

El caso hará que el Supremo se pronuncie sobre uno de los temas más espinosos y divisivos en el país, que además se planteará en plena campaña presidencial para las elecciones de 2016.

La disyuntiva sobre la protección de los no nacidos y del derecho a decidir de la mujer es una de las diferencias más marcadas entre los aspirantes republicanos y demócratas a la Casa Blanca.

Numerosos estados han promulgado restricciones al aborto alegando proteger los derechos religiosos de quienes proveen los seguros médicos, lo que ha obstaculizado el acceso a las prácticas abortivas en gran parte del territorio estadounidense.

En junio pasado, el alto tribunal ya suspendió temporalmente una estricta norma estatal que obligaba a cerrar 10 de las 19 clínicas que practican abortos en el conservador estado de Texas.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los magistrados de la corte dieron la razón a los proveedores de este servicio, a la espera de tomar una decisión definitiva.

La ley estatal, aprobada en 2013 y que tenía que entrar en vigor en junio tras un largo litigio legal, exigía para todas las clínicas de aborto los mismos estándares que los de un hospital, unos requisitos que no cumplen la mayoría de estos centros.

Una parte de la restrictiva norma ya entró en vigor en 2013, obligando al cierre a más de la mitad de las 41 clínicas de aborto que existían en ese momento en el segundo estado más poblado del país, con cerca de 27 millones de habitantes.