UGT exige al PP medidas a corto plazo para corregir el déficit de la Seguridad Social

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido hoy al nuevo Gobierno medidas a corto plazo para acabar con la situación de déficit de la Seguridad Social y garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.

En declaraciones a los medios en el transcurso de unas jornadas de UGT sobre acción sindical y negociación colectiva, el líder sindical ha dicho que el problema de la Seguridad Social no es de gastos sino de ingresos y, por tanto, ha planteado impuestos de carácter general para el sistema público de pensiones.

En concreto, Álvarez se ha referido a un impuesto sobre las grandes fortunas “que vaya dirigido a poder pagar las pensiones y asegurar el sistema a los futuros pensionistas”.

No obstante, el líder de UGT ha dicho que el sindicato está abierto a otras medidas pero hay una que no es negociable: “no hay que sacar a nadie del actual sistema”.

En este sentido, Álvarez ha insistido en que los perceptores actuales deberán continuar en el sistema, en referencia a las pensiones de viudedad y de orfandad que, en su opinión, forman parte del propio modelo contributivo.

El secretario general de UGT también ha reclamado el fin de las ayudas a la contratación porque “las subvenciones no tienen sentido y no generan ningún empleo”.

También ha pedido un acuerdo sobre el destope de las bases de la Seguridad Social para “poder recaudar más”.

Además, ha planteado la derogación de la reforma laboral, mecanismos para acabar con la precariedad y con el empleo de baja calidad, y que los trabajadores puedan decidir si quieren estar a media jornada o a jornada completa.

Ha insistido en que el Gobierno debe de empezar a situar las políticas sociales como punto de partida, y en especial se ha referido a las personas que no tienen prestaciones por desempleo puedan tener unos ingresos mínimos.

Sobre la política de salarios, Álvarez ha insistido al PP que el salario mínimo se sitúe este año en los 800 euros con la perspectiva que llegue al 60 % del salario que marca la Carta social europea al final de la legislatura.