Uruguay debe evitar la explotación laboral de niños, según la ONU

Uruguay debe hacer todo lo necesario para evitar la explotación laboral de menores que no alcanzan la edad legal para trabajar, según le recomendó hoy el Comité de Derechos de la ONU para el Niño.

Los pasados 19 y 20 de enero, Uruguay se sometió al escrutinio del Comité de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, en una revisión regular a la que están sometidos todos los países de la ONU.

El Comité valoró el cumplimiento de Uruguay de lo establecido en la Convención sobre los derechos del niño, así como de dos de sus Protocolos Facultativos, el relacionado con la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil, y el relacionado con la implicación de los niños en conflictos armados.

“El Comité está preocupado por el hecho de que niños sean explotados económicamente, particularmente en venta callejera, recolección de basura, construcción y trabajo doméstico y rural”, rezan las conclusiones.

Asimismo, el informe si bien valora las iniciativas para luchar contra los altos niveles de embarazos adolescentes, muestra su preocupación ante “la insuficiencia de servicios de salud reproductiva y sexual”.

Además, el Comité lamenta que no haya un sistema juvenil de Justicia, y que se use de forma excesiva la privación de libertad como un método punitivo.

Por otra parte, el Comité también mostró su preocupación respecto al turismo sexual infantil: “Mientras valoramos que el Estado ha tomado medidas para concienciar sobre el turismo sexual, el Comité está preocupado de que el turismo sexual infantil no ha sido explícitamente incorporado como una ofensa criminal en la legislación”.

“El Comité también está preocupado que las medidas adoptadas por el Estado no evitan que los intermediarios puedan ofrecer servicios de turismo sexual en los que estén implicados niños y adolescentes”, añade.

Ante esta situación, el Comité pide a Uruguay que establezca e implemente una marco regulatorio para eliminar y prevenir el turismo sexual infantil, que en particular criminalice esta práctica y que las penas por este delito se correspondan con la “gravedad del crimen”.

Con respecto a la venta de niños, la pornografía infantil y la prostitución infantil, el Comité señala que si bien Uruguay tiene cierta legislación relacionada con estos crímenes, está “preocupado que la legislación criminal no contiene todas las definiciones incluidas en el Protocolo Facultativo”.

“El Comité también nota con preocupación que la venta de niños no está claramente definida en la legislación del Estado parte”.

Es por ello que los expertos piden a Montevideo que revise su legislación criminal y la adapte a lo establecido por el Protocolo Facultativo.

Por otra parte, el informe señala “la preocupación por la falta de información sobre investigaciones y procesamientos por ofensas bajo el Protocolo Facultativo y a cerca de la impunidad generalizada que prevalece en el Estado parte” y pide a Uruguay que investigue y persiga todos los crímenes incluidos en el Protocolo Facultativo.

Por otra parte, y en relación al Protocolo Facultativo sobre la implicación de niños en conflictos armados, el Comité lamenta que la legislación uruguaya no criminalice “el reclutamiento y la participación de niños menores de 18 en las Fuerzas Armadas y grupos armados durante hostilidades”.

Asimismo, el Comité muestra su preocupación porque el país no haya incorporado a su legislación el reclutamiento de menores de 15 años como un crimen de guerra.